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El Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la evaluación y futura revisión de las Directivas de contratación pública de 2014 formula un conjunto de recomendaciones que anticipan con precisión los desafíos jurídicos, económicos y administrativos que deberá afrontar la reforma prevista para 2026, poniendo de manifiesto una circunstancia de gran relevancia: los entes locales y regionales gestionan aproximadamente el 45 % del gasto contractual de la Unión Europea.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de julio.

Publicada la Orden TED/672/2026, de 2 de julio, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en las convocatorias para instalaciones de cogeneración de alta eficiencia convocadas al amparo del Real Decreto 530/2026, de 24 de junio, por el que se establece el marco de las convocatorias para el otorgamiento del régimen retributivo específico a instalaciones de cogeneración, y se aprueban sus parámetros retributivos.

La Comisión Europea publicó el 4 de marzo de 2026 la propuesta de Reglamento COM (2026)100, denominada Industrial Accelerator Act (IAA), con el objetivo de reforzar la capacidad industrial europea y acelerar la descarbonización en sectores estratégicos. La propuesta se enmarca en el Clean Industrial Deal y el Competitiveness Compass, y busca responder a una preocupación de fondo: la pérdida de peso de la manufactura europea. Esto afecta en especial a la industria de la automoción, con respecto al vehículo eléctrico.

El Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la evaluación y futura revisión de las Directivas de contratación pública de 2014 formula un conjunto de recomendaciones que anticipan con precisión los desafíos jurídicos, económicos y administrativos que deberá afrontar la reforma prevista para 2026, poniendo de manifiesto una circunstancia de gran relevancia: los entes locales y regionales gestionan aproximadamente el 45 % del gasto contractual de la Unión Europea.

La STC 42/2026 declara inconstitucionales los arts. 6.4 y 9.4 de la Ley catalana 24/2015, en cuanto condicionaban la suspensión del suministro de electricidad y gas a un informe previo de servicios sociales, y reitera la doctrina constitucional sobre la competencia estatal para fijar el régimen básico de suspensión de suministros energéticos frente a la reiteración normativa autonómica en materia de pobreza energética.