Quiénes son los abogados estrella en medioambiente en España | Expansión

La Comisión Europea publicó el 4 de marzo de 2026 la propuesta de Reglamento COM (2026)100, denominada Industrial Accelerator Act (IAA), con el objetivo de reforzar la capacidad industrial europea y acelerar la descarbonización en sectores estratégicos. La propuesta se enmarca en el Clean Industrial Deal y el Competitiveness Compass, y busca responder a una preocupación de fondo: la pérdida de peso de la manufactura europea. Esto afecta en especial a la industria de la automoción, con respecto al vehículo eléctrico.

El Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la evaluación y futura revisión de las Directivas de contratación pública de 2014 formula un conjunto de recomendaciones que anticipan con precisión los desafíos jurídicos, económicos y administrativos que deberá afrontar la reforma prevista para 2026, poniendo de manifiesto una circunstancia de gran relevancia: los entes locales y regionales gestionan aproximadamente el 45 % del gasto contractual de la Unión Europea.

La STC 42/2026 declara inconstitucionales los arts. 6.4 y 9.4 de la Ley catalana 24/2015, en cuanto condicionaban la suspensión del suministro de electricidad y gas a un informe previo de servicios sociales, y reitera la doctrina constitucional sobre la competencia estatal para fijar el régimen básico de suspensión de suministros energéticos frente a la reiteración normativa autonómica en materia de pobreza energética.

El VIII paquete ómnibus ambiental tiene como objetivo simplificar la legislación en la materia con el fin de reducir las cargas administrativas de las empresas. Se exponen las medidas que incluye y se examinan, en particular, las modificaciones propuestas de la directiva de emisiones industriales y ganaderas, así como la propuesta de reglamento para acelerar las evaluaciones ambientales

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de junio.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Odabal, el Tribunal Supremo fija, entre otros criterios, que la contratación temporal abusiva de personal laboral por parte de las Administraciones Públicas no permite adquirir fijeza sin superar un procedimiento de acceso al empleo público porque vulneraría la Constitución española.

La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2026, aborda una cuestión de gran interés en materia de contratación pública: si, para indemnizar los gastos generales soportados por el contratista como consecuencia de la mayor duración de una obra imputable a la Administración, resulta imprescindible acreditar de forma fehaciente su importe exacto o si, por el contrario, cabe acudir a criterios porcentuales de cuantificación. El Tribunal Supremo opta por una solución intermedia: exige que el daño sea real y quede acreditado, pero admite que, cuando su exacta cuantificación no resulte posible, pueda utilizarse un método porcentual debidamente motivado.

El anteproyecto de Ley se refiere a la nueva regulación de la publicidad institucional del sector público en los medios de comunicación y en las plataformas digitales. Y establece, por un lado, la prohibición de recibir ingresos por publicidad del sector público superiores al 35% del importe neto de su cifra anual de negocios, y, por otro, la obligación de transparencia, consistente en la identificación de los dueños de los medios de comunicación y de las personas que pueden ejercer influencia sobre ellos. La verificación y control se atribuye a las Autoridades de Competencia (CNMC o similares de carácter autonómico).