Tribuna | Aprobada la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular | Expansión

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina jurisprudencial sobre el alcance del artículo 29.4 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el principio de proporcionalidad en materia sancionadora.

La contratación de prestaciones de carácter intelectual, como son los servicios de arquitectura o ingeniería, plantea dificultades en tanto que la legislación de contratos no establece una regulación sistemática al respecto. Esta circunstancia, unida a los requisitos legales previstos para la adquisición de este tipo de bienes, determina en ocasiones la celebración de contratos que no se ajustan, en su definición o configuración, a los contornos legales que delimitan esta modalidad contractual.

Desde el 1 de julio de 2025, todo arrendador de corta duración debe obtener un número de registro expedido por el Registro de la Propiedad o el de Bienes Muebles para poder anunciar su alojamiento en las plataformas digitales. El Real Decreto 1312/2024, que regula este procedimiento —actualmente recurrido ante el Tribunal Supremo— fue objeto de varias observaciones de carácter esencial por el Dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de real decreto que no han sido atendidas.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de junio.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2025 revisa su doctrina previa sobre la posibilidad de que los entes locales ejerzan la acción pública urbanística y precisa en qué supuestos ostentan legitimación activa para impugnar el planeamiento aprobado por otro municipio

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclara mediante una nota interpretativa las obligaciones sobre huella de carbono y planes de reducción del Real Decreto 214/2025.

El plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es, con carácter general, el de tres meses fijado en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, la reciente Sentencia 1724/2025 del Tribunal Supremo señala que para aquellos supuestos en los que lo que se pretende en vía contenciosa es la reclamación del abono del principal y/o intereses de demora derivados de contratos el plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es el de un mes, contemplado en la legislación de contratos del sector público