Nuno de Oliveira Garcia en el programa «Bom dia Portugal» | RTP

El Tribunal Supremo confirma que las autoliquidaciones firmes por transcurso del plazo de prescripción no son actos administrativos ni generan actos presuntos por falta de actuación de la Administración, sin que puedan ser objeto del procedimiento excepcional de revisión del artículo 217 de la Ley General Tributaria. Las autoliquidaciones son actos de colaboración del contribuyente cuya única vía de impugnación es su rectificación en plazo a través del procedimiento del artículo 120.3 de la Ley General Tributaria, sin que ello suponga una lesión del principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea.

Analizamos en este documento la doctrina de la Dirección General de Tributos relativa a los efectos que conlleva la revocación de mutuo acuerdo de los pactos sucesorios con entrega de presente, así como su criterio sobre la posible aplicación de los beneficios fiscales de la empresa familiar recogidos en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por parte de quienes adquieren participaciones sociales a través de tales pactos.

La Dirección General de Tributos analiza si se cumple el requisito de «la principal fuente de renta» previsto en el artículo 4. Ocho. Dos de la Ley 19/1991 cuando el contribuyente, tras haber ejercido funciones directivas en varias entidades recibiendo por ello remuneraciones que superan el 50% de la totalidad de sus rendimientos, pasa a desempeñar esas mismas funciones en la entidad holding a la que se aportaron las participaciones en aquellas entidades.

En la resolución de 25 de marzo del 2026 el Tribunal Central considera que no es coherente entender que el ajuste favorable a los intereses de la Administración derivado de la regularización de las existencias en un ejercicio deba realizarse como ajuste fiscal y que su eliminación deba realizarse como ajuste contable. Así, reconoce el derecho del contribuyente a rectificar la autoliquidación del ejercicio siguiente para corregir el efecto de la doble imposición y cumplir la regularización íntegra a la que está obligada la Administración tributaria.

El Tribunal Económico Administrativo Central analiza en cuál de los presupuestos de vinculación a los que se refiere el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, encajan los supuestos de participaciones indirectas de personas físicas en entidades societarias.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma que “la exclusión del derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado por la adquisición de bienes y servicios, como entradas para espectáculos deportivos, destinados a atenciones a clientes, a asalariados o a terceros”, puede ampararse en la cláusula stand-still recogida en el artículo 176, segundo párrafo, de la Directiva del IVA.

Las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2026 (rec. núm. 7609/2023) y 12 de marzo de 2026 (rec. núm. 8616/2023) refuerzan las garantías de los contribuyentes en materia de inviolabilidad del domicilio, al exigir que el consentimiento para la entrada inspectora en domicilio constitucionalmente protegido sea verdaderamente libre e informado, sin que baste la entrega de un anexo informativo que no advierta expresamente del derecho a negar o revocar dicho consentimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña analiza si la afectación de inmuebles a una actividad económica de arrendamiento puede cuestionarse en el contexto del impuesto sobre sucesiones y donaciones para aplicar la reducción del 95% sobre el valor de las participaciones transmitidas mortis causa, cuando su carácter afecto ya se reconoció por la misma Administración en relación con la aplicación de la exención recogida en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991.

Sobre si la compensación de pérdidas fiscales con beneficios en ejercicios posteriores incrementa el valor de las acciones a efectos de aplicar el artículo 128 LSC