Y a los trabajadores en el metaverso… ¿qué ley les aplicamos? | El País

Las empresas de más de doscientos trabajadores o cien por turno deberán disponer de un plan de movilidad sostenible dentro de la negociación colectiva al objeto de racionalizar los desplazamientos al lugar donde se desarrolla la actividad de los empleados, clientes, proveedores y visitantes.

Se ofrecen una selección de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector.

Si el empresario hubiera de cumplir una obligación legal o convencional no deberá someterse al procedimiento de modificación sustancial, pero si, a requerimiento de la Inspección, adopta medidas que alteran las condiciones laborales deberá cumplir preceptivamente el procedimiento indicado.

El protocolo, acordado conjuntamente por los Tribunales de Barcelona y Alicante, prevé una tramitación prioritaria de las solicitudes de diligencias preliminares y de comprobación de hechos, así como de las solicitudes de medidas cautelares —con o sin audiencia— en materias de patentes e innovaciones tecnológicas, diseños industriales, marcas y derechos de autor, además de defensa de la competencia, competencia desleal y publicidad ilícita, cuando se refieran a productos o actividades de presentación, exhibición, promoción, ofrecimiento o venta vinculadas al MWC 2026.

La Comisión Europea, en su empeño por potenciar el ahorro privado para la jubilación, pretende modificar, entre otros, los planes paneuropeos de pensiones y los planes de pensiones de empleo, obligando a las empresas a inscribir a sus trabajadores en planes privados (autoenrolment).

La legitimación sindical para impugnar un despido colectivo no se halla supeditada al hecho de que puedan resultar perjudicados los intereses de los trabajadores que voluntariamente se adscriben a la decisión empresarial, debiendo asumir las consecuencias de sus actos el sindicato impugnante

Ante la alegación empresarial de que la aportación al Tesoro Público exigida en algunos despidos colectivos puede suponer la inviabilidad del negocio, el Tribunal Supremo entiende que procede su aplicación en tanto no se plantee una cuestión de inconstitucionalidad o una reforma normativa

El Gobierno aprueba el Reglamento que desarrolla aspectos importantes de los contratos formativos tales como el número máximo de contratos formativos por centro de trabajo, el contenido de los planes formativos individuales, la concreción sobre los procesos de tutorización o los límites a su utilización.

El acuerdo suscrito entre los trabajadores (subrogados) y la empresa (subrogante) supone una adhesión a las condiciones laborales colectivas de esta última, resultando innecesario la aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, prevista para decisiones unilaterales de la empresa