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Publicaciones destacadas
Litigación Tributaria
La doble imposición derivada de la regularización de existencias por la Inspección puede corregirse mediante la autoliquidación rectificativa del periodo siguiente
En la resolución de 25 de marzo del 2026 el Tribunal Central considera que no es coherente entender que el ajuste favorable a los intereses de la Administración derivado de la regularización de las existencias en un ejercicio deba realizarse como ajuste fiscal y que su eliminación deba realizarse como ajuste contable. Así, reconoce el derecho del contribuyente a rectificar la autoliquidación del ejercicio siguiente para corregir el efecto de la doble imposición y cumplir la regularización íntegra a la que está obligada la Administración tributaria.
Litigación Tributaria
El consentimiento del obligado tributario para la entrada en domicilio constitucionalmente protegido
Las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2026 (rec. núm. 7609/2023) y 12 de marzo de 2026 (rec. núm. 8616/2023) refuerzan las garantías de los contribuyentes en materia de inviolabilidad del domicilio, al exigir que el consentimiento para la entrada inspectora en domicilio constitucionalmente protegido sea verdaderamente libre e informado, sin que baste la entrega de un anexo informativo que no advierta expresamente del derecho a negar o revocar dicho consentimiento.
Litigación Tributaria
Validez de la comprobación de valores basada en la tasación hipotecaria
Conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, en aquellos casos en los que exista una tasación hipotecaria reciente e incorporada a la escritura de préstamo con una divergencia relevante sobre el valor declarado, el inicio de una comprobación de valores sobre la base de dicha tasación sería válido y la motivación de la propuesta adecuada, si se incorpora el certificado de tasación. En este escenario, el estándar probatorio requerido al contribuyente para enervar dicha valoración se eleva y se precisa.
Litigación Tributaria
Sobre la constitucionalidad del valor de referencia y las cuestiones de prueba
La Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2026, de 12 de febrero, ha declarado la conformidad del valor de referencia con el principio de capacidad económica al constituir un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales que cuenta con una justificación razonable y suficiente desde el punto de vista constitucional, y al posibilitar la estimación directa de las bases imponibles.
Litigación Tributaria
Prescripción, responsabilidad tributaria y ausencia de normas transitorias
El Tribunal Supremo establece que, en ausencia de normas transitorias, considerando la presunción de irretroactividad ex artículo 9.3 de la Constitución, el principio de seguridad jurídica y la aplicación supletoria del artículo 1939 del Código Civil, debe aplicarse la redacción del artículo 67.2 de la Ley General Tributaria previa a la vigencia de la Ley 7/2012 en los casos en que los hechos que constituyen el presupuesto de la responsabilidad del artículo 42.2a de la Ley General Tributaria se producen antes de la entrada en vigor de esta ley, pero el procedimiento de declaración de la responsabilidad se inicia y tramita con posterioridad.
Litigación Tributaria
Teoría del conocimiento y denegación del derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido soportado
El Tribunal Económico-Administrativo Central interpreta en esta resolución determinados principios constitucionales y generales del derecho tributario y aplica la denominada teoría o doctrina del conocimiento para, sobre la base de pruebas indiciarias o indirectas, denegar el derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido soportado al considerar acreditado que el sujeto pasivo sabía o debía haber sabido que participaba en una operación que formaba parte de un fraude en ese impuesto.
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Defensa de la competencia y pluralidad de demandados
El TJUE proporciona algunos criterios para interpretar el foro de la pluralidad de demandados del artículo 8.1 RBI bis en supuestos en los que se reclama una indemnización por los daños generados por infracción de las normas en materia de defensa de la competencia.
¡NUEVO! 
Elisa Torralba
La naturaleza plenaria del juicio verbal previsto para la impugnación de las calificaciones negativas del registrador o, en su caso, de las resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en materia de recurso contra dichas calificaciones
El juez que conoce del juicio verbal de impugnación no tiene una competencia meramente revisora de un acto administrativo, sino que resuelve con plenitud de jurisdicción sobre la procedencia de la calificación registral, con la posibilidad de aportar en el proceso los medios de prueba de que se disponga en ese momento, con independencia de si fueron puestos a disposición del registrador que formuló la calificación negativa objeto de la impugnación.
¡NUEVO!
Faustino Cordón
Estrategias de reestructuraciones separadas de diversos codeudores solidarios
El motivo es un caso real ligeramente modificado y ampliado a todas las formas posibles de concurrencia.
¡NUEVO!
Ángel Carrasco
Condiciones para que las participaciones sin voto atribuyan a su titular el derecho de voto en la junta (art. 99.3 LSC)
A pesar de no haber visto aún satisfecho su derecho al dividendo mínimo previsto, el socio titular de participaciones sin voto no puede votar en una junta general celebrada antes de la expiración del plazo establecido en la Ley para la aprobación de las cuentas del primer ejercicio económico cerrado tras la creación de dichas participaciones (STS 440/2026, de 20 de marzo).
¡NUEVO!
Alberto Díaz
Aspectos fiscales de la transmisión de participaciones sociales mediante pactos sucesorios: revocación y aplicación de los beneficios de empresa familiar
Analizamos en este documento la doctrina de la Dirección General de Tributos relativa a los efectos que conlleva la revocación de mutuo acuerdo de los pactos sucesorios con entrega de presente, así como su criterio sobre la posible aplicación de los beneficios fiscales de la empresa familiar recogidos en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por parte de quienes adquieren participaciones sociales a través de tales pactos.
¡NUEVO!
Pilar Álvarez
La incomparecencia del FOGASA en fase judicial declarativa o de ejecución impide que plantee la prescripción de acción en el trámite administrativo de prestaciones
El FOGASA debe alegar la prescripción en el pleito principal, cuando fue citado y pudo ser parte; de lo contrario, si no comparece en fase declarativa ni ejecutiva, no puede alegar prescripción de lo reclamado en el momento de solicitud y concesión de las prestaciones salariales e indemnizatorias.
Hace 2 días
Lourdes López
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