Ranking del primer semestre de 2023 | El Confidencial

La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2026, aborda una cuestión de gran interés en materia de contratación pública: si, para indemnizar los gastos generales soportados por el contratista como consecuencia de la mayor duración de una obra imputable a la Administración, resulta imprescindible acreditar de forma fehaciente su importe exacto o si, por el contrario, cabe acudir a criterios porcentuales de cuantificación. El Tribunal Supremo opta por una solución intermedia: exige que el daño sea real y quede acreditado, pero admite que, cuando su exacta cuantificación no resulte posible, pueda utilizarse un método porcentual debidamente motivado.

Es jurisprudencia reiterada la que considera que no es posible intentar subsanar el pago con posterioridad al momento de interponer el recurso; solo podrá subsanarse su falta de acreditación y, por ello, no es aplicable la constitución del aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento a que se refiere el artículo 449.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Si el tiempo de vacaciones es tiempo de trabajo, aquellos períodos no disfrutados por extinguirse antes el contrato de trabajo, y que han de ser compensados económicamente, tienen naturaleza salarial y no indemnizatoria, por lo que deben ser calificados como créditos con privilegio general.

El Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid, siguiendo doctrina jurisprudencial previa, han recordado que actúa en contra de la buena fe quien, siendo parte en un pacto parasocial omnilateral, impugna un acuerdo social adoptado en cumplimiento de dicho pacto de socios. En el caso, el pacto parasocial preveía la posibilidad de satisfacer los dividendos in natura y el acuerdo impugnado ―que fue adoptado por mayoría en la junta― atribuyó determinados bienes inmuebles a uno de los socios (con su consentimiento) en pago del dividendo que le correspondía.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril del 2026 refuerza la seguridad jurídica de los grupos fiscales al aclarar que la mera existencia de actuaciones previas sobre determinadas entidades del grupo concluidas con una liquidación provisional no impide la rectificación de la autoliquidación del impuesto y ejercicio inspeccionados sobre los elementos tributarios que no hayan sido objeto de regularización expresa.

El anteproyecto de Ley se refiere a la nueva regulación de la publicidad institucional del sector público en los medios de comunicación y en las plataformas digitales. Y establece, por un lado, la prohibición de recibir ingresos por publicidad del sector público superiores al 35% del importe neto de su cifra anual de negocios, y, por otro, la obligación de transparencia, consistente en la identificación de los dueños de los medios de comunicación y de las personas que pueden ejercer influencia sobre ellos. La verificación y control se atribuye a las Autoridades de Competencia (CNMC o similares de carácter autonómico).

Se examinan la evolución del concepto de organismo modificado genéticamente en la Unión Europea ante las nuevas técnicas genómicas (NTG) y la respuesta normativa que introduce una distinción entre dos categorías de plantas NTG, flexibilizando el régimen para las que pueden considerarse equivalentes a los vegetales convencionales. Asimismo, destaca que el acuerdo institucional reflejado en la posición del Consejo supone un giro significativo respecto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En materia de patentes, subraya la ausencia de una reforma sustantiva, optándose por un enfoque prudente basado en transparencia, seguimiento y posible intervención futura.

La Dirección General de Tributos analiza la fiscalidad de los intereses derivados de un préstamo participativo concertado entre entidades no vinculadas, teniendo en cuenta que dichos intereses son contingentes y variables, determinándose en función de los beneficios obtenidos por el prestatario.

El Acuerdo dispone la derivación a mediación de determinados recursos-masa en materia de derecho privado de la competencia, en concreto, los relativos al cártel de los camiones y prevé, como medida para reforzar su efectividad, que la eventual negativa a colaborar en una resolución consensuada del conflicto podrá tener efectos en materia de costas.