GA_P asesora a Atrys en la OPA contra ASPY Global Services

El Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 10 de junio de 2026 sustituye la demanda de amparo por un formulario electrónico con campos acotados y una extensión máxima de 50.000 caracteres, lo que resulta cuestionable al limitar el derecho del recurrente a fundar adecuadamente su pretensión en la fase decisiva de la admisión del recurso.

El Tribunal Supremo (Sentencia 881/2026, de 9 de junio) ha considerado aplicable analógicamente el artículo 234.2 de la Ley de Sociedades de Capital en un caso en el que el administrador social dispuso de activos esenciales de la compañía sin contar con la preceptiva autorización de la junta general (art. 160 f LSC).

Como continuación de Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado mediante Real Decreto-ley 7/2026, este Real Decreto-ley 18/2026 incluye medidas energéticas de calado para el sector eléctrico.

El Tribunal Supremo no permite a la Administración mantener una liquidación tributaria mediante un fundamento jurídico alternativo incluido de forma subsidiaria en el mismo acuerdo de liquidación tras la anulación de la declaración de fraude de ley que la originó. Esta forma de actuar provoca indefensión en el contribuyente al operar como una nueva liquidación sin haber seguido el procedimiento correspondiente.

La Ley 3/2006, de 30 de junio, de Apoyo a la Empresa Familiar, de la Comunidad de Madrid, establece medidas tributarias de apoyo a la empresa familiar. Su objetivo es el de mejorar el régimen estatal de beneficios fiscales aplicables a su transmisión vía sucesión o donación, incrementando el porcentaje de reducción, flexibilizando algunos de sus requisitos y ampliando el perímetro de sus posibles beneficiarios.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1189/2026 resuelve un caso de reclamación de daños por actos de competencia desleal con afectación del interés público (art. 7 de la LDC de 1989, actual art. 3 de la Ley de Defensa de la Competencia). El Tribunal Supremo delimita claramente que estos actos no constituyen ilícitos antitrust stricto sensu (arts. 1 y 2 LDC), sino actos de competencia desleal sometidos al régimen de la Ley de Competencia Desleal. Consecuentemente, no resulta aplicable el régimen favorable de la Directiva de Daños ni el título VI de la Ley de Defensa de la Competencia, quedando excluidos de la prescripción de cinco años.

La decisión G 1/24 confirmó que la descripción y los dibujos deben consultarse siempre para interpretar las reivindicaciones. Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance de esa doctrina cuando se examina la prohibición de adición de materia del artículo 123.2 CPE. La decisión interlocutoria T 873/24 pone de manifiesto la existencia de criterios divergentes y plantea a la Alta Cámara de Recurso cuestiones fundamentales sobre el papel de la descripción en la interpretación de las reivindicaciones modificadas.