GA_P entre los 10 Despachos de élite en España | El Confidencial

El tercer poseedor que tiene inscrito su título no necesita acreditar al acreedor la adquisición del bien hipotecado, aunque adquiere la condición de parte con independencia de la inscripción, siempre que se tenga constancia de tal titularidad

El Tribunal Supremo determina que el requisito de tener al menos a una persona contratada a jornada completa exigido a las entidades dedicadas al arrendamiento inmobiliario para entender que realizan efectivamente una actividad económica puede entenderse cumplido en otra entidad distinta de la arrendadora cuando ésta forme parte y se integre funcionalmente en la actividad del conjunto de las empresas del grupo.

La Dirección General de Tributos valida de nuevo la aplicación del régimen de neutralidad fiscal a las escisiones de sociedades familiares orientadas a facilitar su relevo generacional, analizando también cuáles serían las consecuencias que la aplicación de dicho régimen tendría sobre las reservas de capitalización y nivelación aprovechadas por la entidad que se escinde.

En la Unión Europea, el Convenio de Montreal se aplica también a los casos en los que el transporte se lleva a cabo en el interior de un Estado miembro.

La legitimación para impugnar un Convenio Colectivo por ilegalidad corresponde a los órganos de representación de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas y, por tanto, no excluye a los firmantes del Convenio Colectivo, no procediendo una interpretación restrictiva

Se ofrecen una selección de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector.

El problema ha quedado resuelto legalmente con la reforma del artículo 135.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, pero con anterioridad lo correcto era entender que la jurisprudencia de la sala que admitía la aplicación del día de gracia a los escritos en que se ejercitaba una acción sometida a un plazo sustantivo no se había visto alterada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre.

Por segunda vez, el Tribunal Supremo aplica la técnica de la indemnización por pérdida de oportunidad fuera del ámbito de la responsabilidad sanitaria.

El Tribunal Supremo establece que, en ausencia de normas transitorias, considerando la presunción de irretroactividad ex artículo 9.3 de la Constitución, el principio de seguridad jurídica y la aplicación supletoria del artículo 1939 del Código Civil, debe aplicarse la redacción del artículo 67.2 de la Ley General Tributaria previa a la vigencia de la Ley 7/2012 en los casos en que los hechos que constituyen el presupuesto de la responsabilidad del artículo 42.2a de la Ley General Tributaria se producen antes de la entrada en vigor de esta ley, pero el procedimiento de declaración de la responsabilidad se inicia y tramita con posterioridad.