El juez da luz verde a los bonistas para tomar Telepizza | Expansión

La obligación de motivar el laudo no constituye un principio procesal tan fundamental que impida la admisibilidad de su renuncia en los procedimientos de arbitraje voluntario, siempre que la misma sea libre, legalmente válida e inequívoca y la normativa aplicable contemple garantías procesales que permitan oponerse a cualquier incumplimiento y solicitar la declaración de nulidad o la anulación del laudo.

La ley que presenta los vínculos más estrechos puede aplicarse con preferencia frente a la escogida en un contrato de trabajo, pero, en ocasiones, puede haberse escogido, precisamente, la ley más estrechamente vinculada.

Ello es así con independencia de que el banco haya prestado o no un servicio de asesoramiento al cliente

Incumbe exclusivamente al órgano correspondiente del Estado de origen controlar la exactitud de las apreciaciones de hecho o de derecho en que se basó la certificación de un título ejecutivo (en el caso, un documento público) como título ejecutivo europeo y, en su caso, revocar el certificado expedido indebidamente. En consecuencia, no es posible su revisión por un órgano jurisdiccional del Estado en que se insta la ejecución, aunque está facultado para ordenar la suspensión o la limitación de la ejecución, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 10 de junio de 2026 sustituye la demanda de amparo por un formulario electrónico con campos acotados y una extensión máxima de 50.000 caracteres, lo que resulta cuestionable al limitar el derecho del recurrente a fundar adecuadamente su pretensión en la fase decisiva de la admisión del recurso.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1189/2026 resuelve un caso de reclamación de daños por actos de competencia desleal con afectación del interés público (art. 7 de la LDC de 1989, actual art. 3 de la Ley de Defensa de la Competencia). El Tribunal Supremo delimita claramente que estos actos no constituyen ilícitos antitrust stricto sensu (arts. 1 y 2 LDC), sino actos de competencia desleal sometidos al régimen de la Ley de Competencia Desleal. Consecuentemente, no resulta aplicable el régimen favorable de la Directiva de Daños ni el título VI de la Ley de Defensa de la Competencia, quedando excluidos de la prescripción de cinco años.

Desafiar e executar sentenças arbitrais em Portugal – Guia GAR Know-How

La distinción es crucial, pues en el primer caso el banco no puede ser demandado sobre la base del carácter complejo o no del instrumento ni por causa de error o dolo

¿Por qué sostiene ahora esto el Tribunal Supremo? Seguramente porque la contestación con la excepción de prescripción fue inadmitida por estar fuera de plazo