El juez da luz verde a los bonistas para tomar Telepizza | Expansión

El Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 10 de junio de 2026 sustituye la demanda de amparo por un formulario electrónico con campos acotados y una extensión máxima de 50.000 caracteres, lo que resulta cuestionable al limitar el derecho del recurrente a fundar adecuadamente su pretensión en la fase decisiva de la admisión del recurso.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1189/2026 resuelve un caso de reclamación de daños por actos de competencia desleal con afectación del interés público (art. 7 de la LDC de 1989, actual art. 3 de la Ley de Defensa de la Competencia). El Tribunal Supremo delimita claramente que estos actos no constituyen ilícitos antitrust stricto sensu (arts. 1 y 2 LDC), sino actos de competencia desleal sometidos al régimen de la Ley de Competencia Desleal. Consecuentemente, no resulta aplicable el régimen favorable de la Directiva de Daños ni el título VI de la Ley de Defensa de la Competencia, quedando excluidos de la prescripción de cinco años.

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La distinción es crucial, pues en el primer caso el banco no puede ser demandado sobre la base del carácter complejo o no del instrumento ni por causa de error o dolo

¿Por qué sostiene ahora esto el Tribunal Supremo? Seguramente porque la contestación con la excepción de prescripción fue inadmitida por estar fuera de plazo

Para que la prueba pueda ser considerada por el Tribunal Constitucional no solo tienen que concretarse los hechos que deben ser objeto de la actividad probatoria y los medios de prueba que se proponen, sino que debe fundamentarse también su necesidad y relevancia.

La devolución del escrito solicitando la sucesión procesal y del posterior escrito interponiendo recurso de reposición vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en sus manifestaciones de derecho de acceso a la jurisdicción y de acceso al recurso, respectivamente; y la utilización de un oficio en vez de una resolución vulnera normas esenciales del procedimiento con producción de indefensión.

Es aplicable el principio pro actione al juicio sobre la admisibilidad de la demanda de revisión, cuyo objeto no puede exceder de los estrictos límites fijados por los motivos legalmente previstos y en la que no es posible acumular otras acciones diferentes de la que tiene por objeto la rescisión de resoluciones judiciales firmes.

El tratamiento de la competencia judicial internacional para conocer de los daños a los derechos de la personalidad por la difusión de contenidos difamatorios es distinto en función del medio utilizado para dicha difusión (internet o televisión) y también lo es el relativo a las acciones de cesación y a las que pretenden la obtención de una indemnización.