GA_P asesora a Atrys en la OPA contra ASPY Global Services

Como continuación de Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado mediante Real Decreto-ley 7/2026, este Real Decreto-ley 18/2026 incluye medidas energéticas de calado para el sector eléctrico.

El Tribunal Supremo no permite a la Administración mantener una liquidación tributaria mediante un fundamento jurídico alternativo incluido de forma subsidiaria en el mismo acuerdo de liquidación tras la anulación de la declaración de fraude de ley que la originó. Esta forma de actuar provoca indefensión en el contribuyente al operar como una nueva liquidación sin haber seguido el procedimiento correspondiente.

La Ley 3/2006, de 30 de junio, de Apoyo a la Empresa Familiar, de la Comunidad de Madrid, establece medidas tributarias de apoyo a la empresa familiar. Su objetivo es el de mejorar el régimen estatal de beneficios fiscales aplicables a su transmisión vía sucesión o donación, incrementando el porcentaje de reducción, flexibilizando algunos de sus requisitos y ampliando el perímetro de sus posibles beneficiarios.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1189/2026 resuelve un caso de reclamación de daños por actos de competencia desleal con afectación del interés público (art. 7 de la LDC de 1989, actual art. 3 de la Ley de Defensa de la Competencia). El Tribunal Supremo delimita claramente que estos actos no constituyen ilícitos antitrust stricto sensu (arts. 1 y 2 LDC), sino actos de competencia desleal sometidos al régimen de la Ley de Competencia Desleal. Consecuentemente, no resulta aplicable el régimen favorable de la Directiva de Daños ni el título VI de la Ley de Defensa de la Competencia, quedando excluidos de la prescripción de cinco años.

La decisión G 1/24 confirmó que la descripción y los dibujos deben consultarse siempre para interpretar las reivindicaciones. Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance de esa doctrina cuando se examina la prohibición de adición de materia del artículo 123.2 CPE. La decisión interlocutoria T 873/24 pone de manifiesto la existencia de criterios divergentes y plantea a la Alta Cámara de Recurso cuestiones fundamentales sobre el papel de la descripción en la interpretación de las reivindicaciones modificadas.

El Tribunal de Justicia delimita el alcance de las excepciones al principio de control en origen de los servicios de la sociedad de la información basadas en razones de orden público, protección de menores y seguridad pública, precisando la diferencia entre las prohibiciones generales y las medidas individualizadas dirigidas a prestadores concretos. Asimismo, aporta importantes criterios sobre la responsabilidad de las plataformas digitales al considerar que el control ejercido mediante algoritmos puede excluir la aplicación de la exención de responsabilidad prevista para los servicios de alojamiento de datos.

En sentencia de 8 de julio del 2026, el Tribunal Supremo matiza la jurisprudencia existente en relación con la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo por la falta de agotamiento de la vía administrativa previa. En esta sentencia, el tribunal especifica que la reprochable inactividad de la Administración no genera indefensión en los casos en que la Administración haya informado detalladamente al contribuyente de los recursos que puede interponer, de tal manera que, siendo así, para el tribunal la falta de agotamiento de la vía económico-administrativa se debe única y exclusivamente a la decisión del contribuyente.