GA_P asesora a INDRA en un arbitraje internacional ICC en Argel

Puede ser suficiente para entender agotada la vía judicial la adhesión a los incidentes promovidos por otras partes, salvo que las denuncias invocadas por el adherente no hayan sido alegadas en los incidentes de nulidad a los que se adhirió o se fundaran en motivos o en relación con actuaciones judiciales no contemplados en ellos.

Los diferentes acuerdos sobre unificación de criterios hasta ahora aprobados, partiendo de la distinción jurisprudencial entre acto omitido y acto defectuoso, consideran que no procede subsanar un medio adecuado para la solución de controversias (MASC) omitido, sino sólo el defecto de su acreditación, aunque con respecto a esta última discrepan acerca de si es posible subsanar la ausencia de la descripción del proceso negociador en la demanda.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 68/2026, de 28 de enero, analiza cómo proceder cuando un reglamento aplicable para resolver un litigio ha sido anulado por una sentencia que aún no ha adquirido firmeza. En estos casos, el Tribunal Supremo descarta fundar la decisión exclusivamente en esa nulidad no firme y ofrece dos vías: ampliar el objeto del proceso (art. 33.2) o acordar la suspensión por prejudicialidad contencioso-administrativa.

Aunque, en principio, ambas vías son adecuadas, cuando la omisión es sobre una alegación que, siendo procedente, no ha sido analizada y que no tiene reflejo en el fallo de la sentencia, la regla general es que la petición de complemento prevista en el art. 215 LEC es el instrumento más inmediato para subsanar aquellas omisiones.

La presentación del escrito de conclusiones fuera de plazo es una infracción formal que no produce indefensión dado que se mantiene intangible la capacidad para alegar y probar lo que se estime oportuno respecto a las pretensiones ajenas y propias

En este caso rige el principio de tracto sucesivo

El artículo 1 de la Convención de Viena establece los criterios para su aplicación. Cuando esta viene determinada por el criterio contenido en su apartado b), la adecuada identificación de la norma de conflicto es imprescindible para llegar al resultado correcto.

No se puede confundir la exigencia acreditar la consignación del artículo 266.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es un requisito procesal para la admisión a trámite de la demanda de retracto, con el reembolso al comprador del precio de la venta y de los gastos derivados que impone el artículo 1518 del Código Civil, que es un requisito sustantivo para el ejercicio del derecho de retracto

No puede decirse que la ratificación de la representación verbal se hiciera en perjuicio de tercero, porque se produjo en fecha anterior a la presentación en el Registro del título incompatible o contradictorio (mandamiento de embargo); ni tampoco que estemos ante un supuesto de negocio nulo por falta de consentimiento, pues éste recayó al autorizarse la escritura de ratificación y la ausencia de ésta en la presentación al Registro de la Propiedad de la escritura primeramente autorizada no constituye sino un defecto subsanable cuya subsanación se lleva a cabo sin pérdida de prioridad