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NOTICIA
Gómez-Acebo & Pombo nombra nuevos socios a Irene Fernández Puyol, Pablo Fernández Cortijo, Ignacio del Fraile y Pablo Muelas
29 de enero, 2020
Gómez-Acebo & Pombo ha aprobado los nombramientos como nuevos socios de capital de Irene Fernández Puyol (Derecho Administrativo y Regulatorio), Pablo Muelas García (Banca, Mercado de Capitales y Seguros), Pablo Fernández Cortijo (Mercantil) e Ignacio del Fraile López (Laboral). La Firma reconoce en ellos su capacidad profesional y permanente dedicación. Los nuevos socios asumieron esta nueva responsabilidad desde el 1 de enero.
Irene Fernández Puyol es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación con un curso de Financiación de Proyectos (Instituto de Empresa), un curso de Industria Farmacéutica (Instituto de Empresa), entre otros. En el pasado ha colaborado con el Servicio Jurídico de la Comisión Europea. En la actualidad, Irene es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Irene es especialista en derecho administrativo, sectores regulados, derecho farmacéutico y sanitario, infraestructuras y agua, contratación pública y derecho urbanístico.
Pablo Fernández Cortijo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Comenzó su carrera profesional en Garrigues y desde allí se incorporó a Gómez-Acebo & Pombo en 2007. Es especialista en Fusiones y Adquisiciones (M&A), Capital Riesgo (Private Equity), reestructuraciones y operaciones distressed; así como en derecho societario y contractual. Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es profesor de diferentes másters de derecho internacional y capital riesgo. Además, es patrono de la Fundación Fernando Pombo.
Ignacio del Fraile es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y realizó un Programa Avanzado de Relaciones Laborales (Instituto de Empresa). Asimismo, hizo una estancia internacional en Nueva York en el Despacho Littler Mendelson y realizó un Curso Avanzado de derecho internacional (Universidad George Washington). En la actualidad es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, de la International Bar Association (IBA), de la Asociación Europea de Abogados Laborales (EELA) y de la Asociación de Abogados Laborales (AEL).
Pablo Muelas es licenciado en Derecho, y en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE, E-3). Máster en el Ejercicio Profesional de la Abogacía (Universidad Internacional de la Rioja), Máster en Economía (Universidad Rey Juan Carlos) y Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (IESE). Perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado desde 2001. Subdirector General de Política Legislativa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Consejero de EIOPA, Agroseguro, del Consorcio de Compensación de Seguros y de Crédito y Caución entre 2012 y 2016. Se unió a Gómez-Acebo & Pombo en 2016.
Irene Fernández Puyol es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación con un curso de Financiación de Proyectos (Instituto de Empresa), un curso de Industria Farmacéutica (Instituto de Empresa), entre otros. En el pasado ha colaborado con el Servicio Jurídico de la Comisión Europea. En la actualidad, Irene es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Irene es especialista en derecho administrativo, sectores regulados, derecho farmacéutico y sanitario, infraestructuras y agua, contratación pública y derecho urbanístico.
Pablo Fernández Cortijo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Comenzó su carrera profesional en Garrigues y desde allí se incorporó a Gómez-Acebo & Pombo en 2007. Es especialista en Fusiones y Adquisiciones (M&A), Capital Riesgo (Private Equity), reestructuraciones y operaciones distressed; así como en derecho societario y contractual. Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es profesor de diferentes másters de derecho internacional y capital riesgo. Además, es patrono de la Fundación Fernando Pombo.
Ignacio del Fraile es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y realizó un Programa Avanzado de Relaciones Laborales (Instituto de Empresa). Asimismo, hizo una estancia internacional en Nueva York en el Despacho Littler Mendelson y realizó un Curso Avanzado de derecho internacional (Universidad George Washington). En la actualidad es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, de la International Bar Association (IBA), de la Asociación Europea de Abogados Laborales (EELA) y de la Asociación de Abogados Laborales (AEL).
Pablo Muelas es licenciado en Derecho, y en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE, E-3). Máster en el Ejercicio Profesional de la Abogacía (Universidad Internacional de la Rioja), Máster en Economía (Universidad Rey Juan Carlos) y Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (IESE). Perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado desde 2001. Subdirector General de Política Legislativa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Consejero de EIOPA, Agroseguro, del Consorcio de Compensación de Seguros y de Crédito y Caución entre 2012 y 2016. Se unió a Gómez-Acebo & Pombo en 2016.
Contacto para prensa
Directora de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación
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Imputación de las rentas generadas por una herencia yacente a los instituidos herederos a término
El Tribunal Supremo analiza si la ganancia patrimonial generada por una herencia yacente debe imputarse en todo caso a sus partícipes en su impuesto sobre la renta, aunque los herederos designados estén sujetos a término y éste aún no se haya alcanzado. Además, dirime si dicha imputación podría traducirse en una doble imposición si tal ganancia resultase gravada en el impuesto sucesorio como mayor base imponible cuando se cumpla el término señalado en el testamento.
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Derecho de reingreso de una persona trabajadora en excedencia voluntaria
La preferencia de la persona en excedencia voluntaria ha de analizarse, en cada supuesto, según el procedimiento empleado para cubrir vacantes tras su solicitud de reingreso, prevaleciendo este derecho cuando la empresa manifiesta necesidades estructurales con contratos temporales en masa.
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Variar el número de consejeros dentro del mínimo y máximo previstos en los estatutos no modifica el sistema de administración de la sociedad y no exige modificación estatutaria
La variación del número de consejeros por acuerdo de la junta general —de cinco a tres consejeros— cuando los estatutos permiten un mínimo de tres y un máximo de doce consejeros, no constituye una modificación del modo de organizar la administración social ni exige modificar los estatutos.
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Se vulnera la intimidad de los trabajadores con una medida de control empresarial, como es la inspección visual de los bolsos de los trabajadores, que no se encuentra justificada en una situación de hecho previa alguna y que puede ser paliada con medidas menos invasivas.
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El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la exigencia de que el recurso de anulación sea resuelto por el mismo órgano —en lo que a su forma de funcionamiento se refiere— que dictó la resolución impugnada, y reconoce que las comunicaciones de pago de devolución que alteran la cantidad que el contribuyente tiene derecho a percibir no son un mero acto de trámite, sino un acto administrativo susceptible de impugnación.
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La utilización del servicio de banca por internet no exime a la entidad comercializadora de sus deberes de información como entidad de servicios de inversión
Ello es así con independencia de que el banco haya prestado o no un servicio de asesoramiento al cliente
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Pacto de compensación entre obras y renta futura en el arrendamiento de local: aparece un tercer adquirente
¿Es oponible el pacto al adquirente que pretende el cobro de las nuevas rentas?. La respuesta es indiferenciada, pero en último extremo el arrendatario no se marchará sin compensación por las mejoras.
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El órgano judicial del estado en que se insta la ejecución no puede revisar en cuanto al fondo la certificación del título ejecutivo europeo en que se fundamenta
Incumbe exclusivamente al órgano correspondiente del Estado de origen controlar la exactitud de las apreciaciones de hecho o de derecho en que se basó la certificación de un título ejecutivo (en el caso, un documento público) como título ejecutivo europeo y, en su caso, revocar el certificado expedido indebidamente. En consecuencia, no es posible su revisión por un órgano jurisdiccional del Estado en que se insta la ejecución, aunque está facultado para ordenar la suspensión o la limitación de la ejecución, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
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