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NOTICIA
Gómez-Acebo & Pombo nombra nuevos socios a Irene Fernández Puyol, Pablo Fernández Cortijo, Ignacio del Fraile y Pablo Muelas
Gómez-Acebo & Pombo ha aprobado los nombramientos como nuevos socios de capital de Irene Fernández Puyol (Derecho Administrativo y Regulatorio), Pablo Muelas García (Banca, Mercado de Capitales y Seguros), Pablo Fernández Cortijo (Mercantil) e Ignacio del Fraile López (Laboral). La Firma reconoce en ellos su capacidad profesional y permanente dedicación. Los nuevos socios asumieron esta nueva responsabilidad desde el 1 de enero.
Irene Fernández Puyol es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación con un curso de Financiación de Proyectos (Instituto de Empresa), un curso de Industria Farmacéutica (Instituto de Empresa), entre otros. En el pasado ha colaborado con el Servicio Jurídico de la Comisión Europea. En la actualidad, Irene es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Irene es especialista en derecho administrativo, sectores regulados, derecho farmacéutico y sanitario, infraestructuras y agua, contratación pública y derecho urbanístico.
Pablo Fernández Cortijo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Comenzó su carrera profesional en Garrigues y desde allí se incorporó a Gómez-Acebo & Pombo en 2007. Es especialista en Fusiones y Adquisiciones (M&A), Capital Riesgo (Private Equity), reestructuraciones y operaciones distressed; así como en derecho societario y contractual. Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es profesor de diferentes másters de derecho internacional y capital riesgo. Además, es patrono de la Fundación Fernando Pombo.
Ignacio del Fraile es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y realizó un Programa Avanzado de Relaciones Laborales (Instituto de Empresa). Asimismo, hizo una estancia internacional en Nueva York en el Despacho Littler Mendelson y realizó un Curso Avanzado de derecho internacional (Universidad George Washington). En la actualidad es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, de la International Bar Association (IBA), de la Asociación Europea de Abogados Laborales (EELA) y de la Asociación de Abogados Laborales (AEL).
Pablo Muelas es licenciado en Derecho, y en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE, E-3). Máster en el Ejercicio Profesional de la Abogacía (Universidad Internacional de la Rioja), Máster en Economía (Universidad Rey Juan Carlos) y Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (IESE). Perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado desde 2001. Subdirector General de Política Legislativa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Consejero de EIOPA, Agroseguro, del Consorcio de Compensación de Seguros y de Crédito y Caución entre 2012 y 2016. Se unió a Gómez-Acebo & Pombo en 2016.
Irene Fernández Puyol es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación con un curso de Financiación de Proyectos (Instituto de Empresa), un curso de Industria Farmacéutica (Instituto de Empresa), entre otros. En el pasado ha colaborado con el Servicio Jurídico de la Comisión Europea. En la actualidad, Irene es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Irene es especialista en derecho administrativo, sectores regulados, derecho farmacéutico y sanitario, infraestructuras y agua, contratación pública y derecho urbanístico.
Pablo Fernández Cortijo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Comenzó su carrera profesional en Garrigues y desde allí se incorporó a Gómez-Acebo & Pombo en 2007. Es especialista en Fusiones y Adquisiciones (M&A), Capital Riesgo (Private Equity), reestructuraciones y operaciones distressed; así como en derecho societario y contractual. Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es profesor de diferentes másters de derecho internacional y capital riesgo. Además, es patrono de la Fundación Fernando Pombo.
Ignacio del Fraile es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y realizó un Programa Avanzado de Relaciones Laborales (Instituto de Empresa). Asimismo, hizo una estancia internacional en Nueva York en el Despacho Littler Mendelson y realizó un Curso Avanzado de derecho internacional (Universidad George Washington). En la actualidad es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, de la International Bar Association (IBA), de la Asociación Europea de Abogados Laborales (EELA) y de la Asociación de Abogados Laborales (AEL).
Pablo Muelas es licenciado en Derecho, y en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE, E-3). Máster en el Ejercicio Profesional de la Abogacía (Universidad Internacional de la Rioja), Máster en Economía (Universidad Rey Juan Carlos) y Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (IESE). Perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado desde 2001. Subdirector General de Política Legislativa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Consejero de EIOPA, Agroseguro, del Consorcio de Compensación de Seguros y de Crédito y Caución entre 2012 y 2016. Se unió a Gómez-Acebo & Pombo en 2016.

Contacto para prensa

Sandra Cuesta
Directora de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación

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Gómez-Acebo & Pombo
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La cuestionable exigencia del registro único de arrendamientos de corta duración a las viviendas de uso turístico a la luz del dictamen del Consejo de Estado
Desde el 1 de julio de 2025, todo arrendador de corta duración debe obtener un número de registro expedido por el Registro de la Propiedad o el de Bienes Muebles para poder anunciar su alojamiento en las plataformas digitales. El Real Decreto 1312/2024, que regula este procedimiento —actualmente recurrido ante el Tribunal Supremo— fue objeto de varias observaciones de carácter esencial por el Dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de real decreto que no han sido atendidas.
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AJD: desistimiento del contrato que deja sin efecto la escritura notarial determinante del título inscribible
El Tribunal Supremo analiza el alcance del requisito previsto en el artículo 31.2 del TRITPAJD, en la modalidad impositiva de actos jurídicos documentos, relativo a la inscribibilidad registral de actos y contratos, con el fin de determinar si tal condición ha de analizarse en abstracto teniendo en cuenta la clase de acto o contrato documentado en la escritura pública o, por el contrario, debe examinarse a la vista de las circunstancias del concreto acto o contrato que pudieran afectar a su inscripción
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Descuento de pagarés, endoso del título, cesión ordinaria del crédito cambiario y oponibilidad de pacto de non cedendo
En su Sentencia 884/2025, de 3 de junio, el Tribunal Supremo analiza, entre otras cuestiones, la oponibilidad al tercero tenedor del título del pacto de non cedendo alcanzado entre el firmante y el tomador de un pagaré cambiario. Y lo hace distinguiendo según que el tenedor hubiese adquirido los pagarés mediante endoso o mediante cesión ordinaria
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Reivindicatoria sobre las pinturas del monasterio de Sijena. Ejercicio de la acción por la Diputación General de Aragón
Se examina la respuesta del Tribunal Supremo a los dos títulos de legitimación invocado: el ejercicio de las competencias en materia de patrimonio histórico artístico y la cesión de acciones procesales por la comunidad religiosa propietaria de las pinturas
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El debate sobre el cómputo de trabajadores cedidos legalmente en los planes de recolocación del despido colectivo
Aunque el asunto se plantea por aplicación del derecho francés, son extrapolables sus efectos toda vez que se interpreta la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, DOCE, 12 de agosto, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos. La solución a este conflicto la ofrece indirectamente —pues el Tribunal analiza la cuestión para, finalmente, declararse incompetente— la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de junio de 2025, asunto C-419/24, asunto Hôtel Plaza.
La empresa —Hôtel Plaza— entiende que los empleados suministrados por una empresa externa deben ser contabilizados en la plantilla de la empresa, de conformidad con el derecho nacional, únicamente en el caso de medidas que beneficien a la comunidad laboral, como la creación de órganos de representación del personal en la empresa que dichos empleados de la empresa externa forman con los empleados de la propia empresa usuaria. Pero esto no puede ocurrir cuando, como consecuencia de un despido colectivo, se plantea un plan de protección —plan de recolocación—, ya que los empleados suministrados no pueden ser despedidos por la empresa usuaria y, por tanto, no deben beneficiarse de las medidas previstas en dicho plan. En consecuencia, estos trabajadores no pueden ser computados en el cálculo del umbral de cincuenta trabajadores, que es la plantilla necesaria en el ordenamiento nacional para obligar a la empresa a elaborar un plan de protección del empleo.
Conviene recordar que la Directiva 98/59 citada recoge, en su artículo 2, la obligación de la empresa de iniciar consultas con los representantes de los trabajadores con la debida antelación con vistas a llegar a un acuerdo. Estas consultas se referirán, al menos, a las formas de evitar los despidos colectivos o de reducir el número de trabajadores afectados, así como a la mitigación de sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, entre otras cosas, a la ayuda para la recolocación o la reconversión profesional de los trabajadores despedidos. Para que los representantes de los trabajadores puedan presentar propuestas constructivas, los empleadores deberán proporcionar toda la información pertinente, asimismo con la debida antelación, notificando por escrito, en todo caso y entre otros aspectos, las razones de los despidos previstos; el número y las categorías de trabajadores que serán despedidos; el número y las categorías de trabajadores normalmente empleados; el período durante el cual se efectuarán los despidos proyectados; los criterios propuestos para la selección de los trabajadores que vayan a ser despedidos; o, en fin, el método de cálculo de los pagos por despido que no sean los que se deriven de la legislación y/o la práctica nacionales.
Tanto la empresa como la Comisión alegan que el Tribunal de Justicia carece de competencia dado que la normativa nacional controvertida en el litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión puesto que la Directiva 98/59 que no establece ninguna obligación específica para los empleadores afectados de elaborar y aplicar un plan como el que aquí se cuestiona. Pues bien, se parte de la base de que «para determinar si las disposiciones de Derecho nacional controvertidas en el litigio principal están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, no basta con que dichas disposiciones formen parte de una legislación nacional más amplia, cuyas disposiciones se adoptaron para transponer dicha Directiva al Derecho nacional. Para que se considere que dicha Directiva es aplicable a la situación controvertida en el litigio principal, debe imponer también una obligación específica respecto de dicha situación, que haya sido aplicada por las disposiciones de Derecho nacional de que se trate» (Considerando 32). Efectivamente, «de la Directiva 98/59 no se desprende que exista obligación alguna de elaborar y aplicar un plan de protección del empleo como el controvertido en el litigio principal, ni ninguna otra obligación específica en relación con la situación controvertida en el marco de dicho litigio» (Considerando 34). Porque el objetivo principal de esta norma europea es someter los despidos colectivos a la notificación y consulta previas a los representantes de los trabajadores, así como a la notificación previa a la autoridad pública competente. Y de dichas obligaciones de información, consulta y notificación, impuestas a los empresarios por la Directiva 98/59, no se desprende que exista una obligación específica, de elaborar y aplicar un plan de protección del empleo, como el previsto por la normativa nacional controvertida.
Porque, además, el umbral de cincuenta trabajadores que exigiría al empresario plantear dicho plan de protección del empleo sólo aparece en la normativa nacional y no se corresponde con ninguno de los umbrales previstos por la Directiva. Por lo demás, en esta norma, tan sólo se prevé «una armonización parcial de las normas de protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos, es decir, la armonización del procedimiento que debe seguirse cuando se efectúen dichos despidos» (considerando 38). Por consiguiente, una normativa como la que se cuestiona en este litigio no está comprendida en el ámbito de aplicación de las disposiciones de la Directiva 98/59 y, por ende, seguirá siendo competencia de cada uno de los Estados miembros, sin que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deba pronunciarse al respecto.
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El TEAC, modificando su criterio anterior, determina que no cabe embargar la parte del sueldo, salario o pensión inembargable que no haya sido consumida
El Tribunal Económico-Administrativo Central, modificando expresamente su doctrina anterior, determina ahora que el artículo 171.3 de la Ley General Tributaria debe interpretarse conjuntamente con el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que el sueldo, salario o pensión inembargable tiene esta condición sin ningún límite temporal y cualquiera sea la forma de su percepción
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De nuevo sobre las obligaciones asumidas por los firmantes de una carta de patrocinio «fuerte»
En su Sentencia 944/2025, de 16 de junio, el Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre el efecto vinculante de las cartas de patrocinio “fuertes”
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Análisis Normativo Agroalimentario, Julio 2025
Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de junio.
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El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre las declaraciones de propiedades saludables «en suspenso»
Tras exponer el concepto de las denominadas declaraciones de propiedades saludables «en suspenso», así como las principales cuestiones jurídicas que suscitan, se analiza la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia, de 30 de abril de 2025 (Novel Nutriology, C 386/23, ECLI:EU:C:2025:304). En este pronunciamiento el tribunal de Luxemburgo ha reconocido el sometimiento de estas declaraciones a los regímenes transitorios previstos en el Reglamento (CE) n.º 1924/2006, así como la posibilidad de usarlas acompañadas de declaraciones generales de propiedades saludables.