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NOTICIA
Gómez-Acebo & Pombo nombra nuevos socios a Irene Fernández Puyol, Pablo Fernández Cortijo, Ignacio del Fraile y Pablo Muelas
29 de enero, 2020
Gómez-Acebo & Pombo ha aprobado los nombramientos como nuevos socios de capital de Irene Fernández Puyol (Derecho Administrativo y Regulatorio), Pablo Muelas García (Banca, Mercado de Capitales y Seguros), Pablo Fernández Cortijo (Mercantil) e Ignacio del Fraile López (Laboral). La Firma reconoce en ellos su capacidad profesional y permanente dedicación. Los nuevos socios asumieron esta nueva responsabilidad desde el 1 de enero.
Irene Fernández Puyol es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación con un curso de Financiación de Proyectos (Instituto de Empresa), un curso de Industria Farmacéutica (Instituto de Empresa), entre otros. En el pasado ha colaborado con el Servicio Jurídico de la Comisión Europea. En la actualidad, Irene es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Irene es especialista en derecho administrativo, sectores regulados, derecho farmacéutico y sanitario, infraestructuras y agua, contratación pública y derecho urbanístico.
Pablo Fernández Cortijo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Comenzó su carrera profesional en Garrigues y desde allí se incorporó a Gómez-Acebo & Pombo en 2007. Es especialista en Fusiones y Adquisiciones (M&A), Capital Riesgo (Private Equity), reestructuraciones y operaciones distressed; así como en derecho societario y contractual. Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es profesor de diferentes másters de derecho internacional y capital riesgo. Además, es patrono de la Fundación Fernando Pombo.
Ignacio del Fraile es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y realizó un Programa Avanzado de Relaciones Laborales (Instituto de Empresa). Asimismo, hizo una estancia internacional en Nueva York en el Despacho Littler Mendelson y realizó un Curso Avanzado de derecho internacional (Universidad George Washington). En la actualidad es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, de la International Bar Association (IBA), de la Asociación Europea de Abogados Laborales (EELA) y de la Asociación de Abogados Laborales (AEL).
Pablo Muelas es licenciado en Derecho, y en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE, E-3). Máster en el Ejercicio Profesional de la Abogacía (Universidad Internacional de la Rioja), Máster en Economía (Universidad Rey Juan Carlos) y Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (IESE). Perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado desde 2001. Subdirector General de Política Legislativa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Consejero de EIOPA, Agroseguro, del Consorcio de Compensación de Seguros y de Crédito y Caución entre 2012 y 2016. Se unió a Gómez-Acebo & Pombo en 2016.
Irene Fernández Puyol es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación con un curso de Financiación de Proyectos (Instituto de Empresa), un curso de Industria Farmacéutica (Instituto de Empresa), entre otros. En el pasado ha colaborado con el Servicio Jurídico de la Comisión Europea. En la actualidad, Irene es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Irene es especialista en derecho administrativo, sectores regulados, derecho farmacéutico y sanitario, infraestructuras y agua, contratación pública y derecho urbanístico.
Pablo Fernández Cortijo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Comenzó su carrera profesional en Garrigues y desde allí se incorporó a Gómez-Acebo & Pombo en 2007. Es especialista en Fusiones y Adquisiciones (M&A), Capital Riesgo (Private Equity), reestructuraciones y operaciones distressed; así como en derecho societario y contractual. Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es profesor de diferentes másters de derecho internacional y capital riesgo. Además, es patrono de la Fundación Fernando Pombo.
Ignacio del Fraile es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y realizó un Programa Avanzado de Relaciones Laborales (Instituto de Empresa). Asimismo, hizo una estancia internacional en Nueva York en el Despacho Littler Mendelson y realizó un Curso Avanzado de derecho internacional (Universidad George Washington). En la actualidad es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, de la International Bar Association (IBA), de la Asociación Europea de Abogados Laborales (EELA) y de la Asociación de Abogados Laborales (AEL).
Pablo Muelas es licenciado en Derecho, y en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE, E-3). Máster en el Ejercicio Profesional de la Abogacía (Universidad Internacional de la Rioja), Máster en Economía (Universidad Rey Juan Carlos) y Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (IESE). Perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado desde 2001. Subdirector General de Política Legislativa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Consejero de EIOPA, Agroseguro, del Consorcio de Compensación de Seguros y de Crédito y Caución entre 2012 y 2016. Se unió a Gómez-Acebo & Pombo en 2016.
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Directora de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación
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Gómez-Acebo & Pombo
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Contratación pública N.º 190
La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2026, aborda una cuestión de gran interés en materia de contratación pública: si, para indemnizar los gastos generales soportados por el contratista como consecuencia de la mayor duración de una obra imputable a la Administración, resulta imprescindible acreditar de forma fehaciente su importe exacto o si, por el contrario, cabe acudir a criterios porcentuales de cuantificación. El Tribunal Supremo opta por una solución intermedia: exige que el daño sea real y quede acreditado, pero admite que, cuando su exacta cuantificación no resulte posible, pueda utilizarse un método porcentual debidamente motivado.
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De nuevo sobre el presupuesto de haber acreditado el pago o la consignación de las rentas debidas para recurrir las sentencias dictadas en los procesos que lleven aparejado el lanzamiento
Es jurisprudencia reiterada la que considera que no es posible intentar subsanar el pago con posterioridad al momento de interponer el recurso; solo podrá subsanarse su falta de acreditación y, por ello, no es aplicable la constitución del aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento a que se refiere el artículo 449.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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Vacaciones no disfrutadas y compensadas económicamente como crédito concursal con privilegio general
Si el tiempo de vacaciones es tiempo de trabajo, aquellos períodos no disfrutados por extinguirse antes el contrato de trabajo, y que han de ser compensados económicamente, tienen naturaleza salarial y no indemnizatoria, por lo que deben ser calificados como créditos con privilegio general.
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Pacto parasocial omnilateral y satisfacción de dividendos en especie
El Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid, siguiendo doctrina jurisprudencial previa, han recordado que actúa en contra de la buena fe quien, siendo parte en un pacto parasocial omnilateral, impugna un acuerdo social adoptado en cumplimiento de dicho pacto de socios. En el caso, el pacto parasocial preveía la posibilidad de satisfacer los dividendos in natura y el acuerdo impugnado ―que fue adoptado por mayoría en la junta― atribuyó determinados bienes inmuebles a uno de los socios (con su consentimiento) en pago del dividendo que le correspondía.
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Litigación Tributaria
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La sociedad dominante de un grupo fiscal puede rectificar la autoliquidación consolidada respecto de elementos no regularizados en la inspección previa a algunas filiales
La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril del 2026 refuerza la seguridad jurídica de los grupos fiscales al aclarar que la mera existencia de actuaciones previas sobre determinadas entidades del grupo concluidas con una liquidación provisional no impide la rectificación de la autoliquidación del impuesto y ejercicio inspeccionados sobre los elementos tributarios que no hayan sido objeto de regularización expresa.
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Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público
El anteproyecto de Ley se refiere a la nueva regulación de la publicidad institucional del sector público en los medios de comunicación y en las plataformas digitales. Y establece, por un lado, la prohibición de recibir ingresos por publicidad del sector público superiores al 35% del importe neto de su cifra anual de negocios, y, por otro, la obligación de transparencia, consistente en la identificación de los dueños de los medios de comunicación y de las personas que pueden ejercer influencia sobre ellos. La verificación y control se atribuye a las Autoridades de Competencia (CNMC o similares de carácter autonómico).
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La patentabilidad de los vegetales obtenidos con nuevas técnicas genómicas (NTG): entre la continuidad y la expectativa regulatoria
Se examinan la evolución del concepto de organismo modificado genéticamente en la Unión Europea ante las nuevas técnicas genómicas (NTG) y la respuesta normativa que introduce una distinción entre dos categorías de plantas NTG, flexibilizando el régimen para las que pueden considerarse equivalentes a los vegetales convencionales. Asimismo, destaca que el acuerdo institucional reflejado en la posición del Consejo supone un giro significativo respecto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En materia de patentes, subraya la ausencia de una reforma sustantiva, optándose por un enfoque prudente basado en transparencia, seguimiento y posible intervención futura.
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Fiscalidad de los intereses contingentes y variables derivados de un préstamo participativo
La Dirección General de Tributos analiza la fiscalidad de los intereses derivados de un préstamo participativo concertado entre entidades no vinculadas, teniendo en cuenta que dichos intereses son contingentes y variables, determinándose en función de los beneficios obtenidos por el prestatario.
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Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2026 sobre la derivación a mediación de determinados recursos-masa en materia de derecho privado de la competencia («cártel de los camiones»)
El Acuerdo dispone la derivación a mediación de determinados recursos-masa en materia de derecho privado de la competencia, en concreto, los relativos al cártel de los camiones y prevé, como medida para reforzar su efectividad, que la eventual negativa a colaborar en una resolución consensuada del conflicto podrá tener efectos en materia de costas.
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