Gómez-Acebo & Pombo refuerza su posición en M&A en el sector energético

En la Sentencia 1469/2026, de 22 de septiembre, el Tribunal Supremo afirma, contundentemente, que el artículo 34 de la Ley Hipotecaria (tercero registral protegido) purga la hipoteca incursa en la prohibición de asistencia, Pero la respuesta correcta es la contraria, aunque la asistencia prohibida no sea una “causa que conste en el Registro”.

El Tribunal Supremo vuelve a perfilar su doctrina sobre cuándo pueden rescindirse estos pagos por perjuicio para la masa activa del concurso

Se ofrecen una selección de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector.

La reciente Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2026 fija doctrina casacional sobre las consecuencias económicas de la continuación forzosa, impuesta por la Administración, de un contrato de servicios una vez agotado su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, mientras se tramita la licitación de un nuevo contrato. El Tribunal Supremo concluye que, cuando ni el contrato ni la legislación vigente en ese momento prevén esa continuación forzosa, los daños y perjuicios derivados de la prolongación obligada de la prestación deben ser asumidos por la Administración, atendiendo al precio real del servicio en el momento en que se prestó, y no a las condiciones económicas de un contrato ya extinguido.

No existe objeción alguna a la fijación en el auto del juez del concurso de la exención de responsabilidad solidaria en relación con las deudas laborales o de la Seguridad Social asumidas por el Fondo de Garantía Salarial por parte de la empresa adquirente de la unidad productiva.

El Real Decreto 640/2024 establece los nuevos límites máximos de inversión en la red de transporte y de distribución de energía eléctrica que podrán ser retribuidos con cargo al sistema eléctrico y modifica los procedimientos de aprobación de los planes de inversión en redes de transporte y de distribución, así como su contenido, publicidad y los mecanismos de control de su ejecución a partir del año 2028.

El criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo en los casos en que se solicita la adopción de una medida cautelar consistente en la extensión de la suspensión a la vía jurisdiccional es el de preservar la potestad cautelar propia del juez, pero exigiendo que éste, al ponderar los intereses en conflicto, valore que la deuda se haya suspendido ex lege con una garantía suficiente que extienda expresamente sus efectos a la vía contencioso-administrativa, así como que la Administración tributaria no haya probado que la demora en el ingreso de la deuda tributaria pueda causar un perjuicio a los intereses generales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el marco de una cuestión prejudicial, ha examinado si se opone al Derecho de la Unión una normativa nacional que obliga a poner a disposición del público datos personales de los socios (incluso de los minoritarios) de una sociedad anónima cuando el acceso a dichos datos no está supeditado a ningún requisito, por ejemplo, la acreditación de un interés legítimo.