Madalena Caldeira analiza la posible transposición a la función pública de cambios en la legislación laboral | ECO

Madalena Caldeira subraya que la aproximación entre regímenes debe abordarse con cautela, teniendo en cuenta las particularidades de la función pública.

La posible aplicación a la función pública de medidas recientemente debatidas en el ámbito de la legislación laboral — como el banco de horas individual y normas más restrictivas en materia de lactancia — está generando debate entre los expertos, que reconocen tanto el potencial de armonización como los riesgos asociados a una transposición automática entre regímenes.

En su análisis, Madalena Caldeira destaca que la convergencia entre el sector privado y la Administración Pública puede contribuir a una mayor coherencia legislativa y a la simplificación normativa. No obstante, advierte de que esta aproximación debe ser cuidadosamente ponderada, teniendo en cuenta las particularidades de la relación de empleo público, en particular en lo que respecta a la organización del trabajo y a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.

En cuanto al banco de horas individual, la abogada reconoce que este instrumento puede aportar mayor flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo, pero alerta del riesgo de debilitamiento del equilibrio entre la vida profesional y personal, especialmente en un contexto en el que la posición del trabajador puede ser más vulnerable frente al empleador público.

En lo que respecta a las normas más exigentes en materia de lactancia, Madalena Caldeira considera esencial garantizar que cualquier modificación legislativa no suponga un retroceso en la protección de la parentalidad. Por ello, defiende que la eventual transposición de estas normas debe ir acompañada de garantías eficaces de protección de los derechos de las trabajadoras, en línea con los principios constitucionales y el marco europeo.

En este contexto, Madalena concluye que la posible extensión de estas medidas a la función pública debe entenderse como parte de un proceso más amplio de revisión y modernización del régimen laboral público, que exige un equilibrio riguroso entre la eficiencia administrativa y la protección de los trabajadores.

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