Nominaciones II edición Premios El Confidencial Jurídico

Anotaciones a los artículos 618, 619 y 620 del Texto Refundido de la Ley Concursal del 2022, en especial, sobre los límites a la facultad respectiva de resolver por parte de los acreedores o por parte del homologante.

La sentencia del Caso Azor considera que no es necesario que la pyme forme parte del perímetro de consolidación para la aplicación de la excepción prevista en el artículo 682.2 de la Ley Concursal. Dicho criterio supone un espaldarazo definitivo a la reforma de la ley concursal, evitando la puesta en práctica de estructuras societarias artificiosas que no tuvieran otra finalidad que bloquear la homologación de planes de reestructuración no consensuales.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril del 2025 aborda el alcance de las modificaciones contractuales en concesiones públicas adjudicadas originalmente a entidades in house que, con el tiempo, habían perdido esa condición. La cuestión prejudicial se planteó en un litigio sobre la ampliación de contratos de concesión de servicios auxiliares en autopistas para incluir la construcción y explotación de infraestructuras de recarga eléctrica.

El Real Decreto 214/2025 no crea un nuevo registro, como parece indicar su título, sino que mantiene y amplía el existente desde 2014. Su verdadera novedad es la imposición a determinadas empresas y entidades públicas de la obligación de calcular su huella de carbono, elaborar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de proceder a su publicación. La escueta regulación del real decreto suscita algunas dudas interpretativas.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de mayo.

En los últimos años y a raíz de la proliferación de supuestos en los que se producen prestaciones contractuales sin la adecuada cobertura contractual, la Jurisprudencia ha venido señalando que para el devengo de intereses de demora es precisa la previa convalidación del gasto. Sin embargo, dos recientes Sentencias del Tribunal Supremo han puesto de relieve un cambio de tendencia al menos en lo relativo a la prestación de servicios fuera de los márgenes el contrato público, considerando que cuando éstos son recibidos por la Administración sin oponerse a ello y sin advertir al contratista de la necesaria convalidación del gasto para el devengo de intereses de demora, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público en lo concerniente al pago y el devengo de intereses.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

Se analiza la Sentencia del Tribunal Supremo 5938/2024, que reitera su doctrina sobre el plazo de pago y el devengo de intereses de demora en contratos públicos. Esta doctrina, que mantiene un plazo general de sesenta días, plantea dudas de compatibilidad con la Directiva 2011/7/UE y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha renovado el Registro de operadores de telecomunicaciones para adaptarlo a la evolución tecnológica, reduciendo el número de denominaciones de 26 a 12