Nominaciones II edición Premios El Confidencial Jurídico

Desde el 1 de julio de 2025, todo arrendador de corta duración debe obtener un número de registro expedido por el Registro de la Propiedad o el de Bienes Muebles para poder anunciar su alojamiento en las plataformas digitales. El Real Decreto 1312/2024, que regula este procedimiento —actualmente recurrido ante el Tribunal Supremo— fue objeto de varias observaciones de carácter esencial por el Dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de real decreto que no han sido atendidas.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de junio.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2025 revisa su doctrina previa sobre la posibilidad de que los entes locales ejerzan la acción pública urbanística y precisa en qué supuestos ostentan legitimación activa para impugnar el planeamiento aprobado por otro municipio

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de junio.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclara mediante una nota interpretativa las obligaciones sobre huella de carbono y planes de reducción del Real Decreto 214/2025.

El plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es, con carácter general, el de tres meses fijado en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, la reciente Sentencia 1724/2025 del Tribunal Supremo señala que para aquellos supuestos en los que lo que se pretende en vía contenciosa es la reclamación del abono del principal y/o intereses de demora derivados de contratos el plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es el de un mes, contemplado en la legislación de contratos del sector público

Anotaciones a los artículos 618, 619 y 620 del Texto Refundido de la Ley Concursal del 2022, en especial, sobre los límites a la facultad respectiva de resolver por parte de los acreedores o por parte del homologante.

La sentencia del Caso Azor considera que no es necesario que la pyme forme parte del perímetro de consolidación para la aplicación de la excepción prevista en el artículo 682.2 de la Ley Concursal. Dicho criterio supone un espaldarazo definitivo a la reforma de la ley concursal, evitando la puesta en práctica de estructuras societarias artificiosas que no tuvieran otra finalidad que bloquear la homologación de planes de reestructuración no consensuales.