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NOTICIA
GA_P asesora a Orange Bank en su acuerdo con BNP Paribas para el traspaso de su negocio bancario en España
Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado al banco francés Orange Bank en varios acuerdos de negociación con el banco francés BNP Paribas para el traspaso de su negocio bancario en España. Esta venta se engloba en una operación que incluye también el traspaso del negocio bancario de Orange Bank en Francia a dicha entidad.
Tras un largo periodo de negociación, que comenzó en junio del año pasado, ambas compañías han trabajado para definir una solución conjunta a la cartera de clientes de Orange, tanto en Francia como en España.
En consecuencia, la marca Cetelem de BNP Paribas será la que ofrezca una solución a los clientes de Orange Bank en España.
El equipo de GA_P ha estado formado por Augusto Piñel, Irene Carreño y Miren Ibáñez, socio y asociadas de Mercantil; Carlos de la Torre y Jesús Tallos, socio y asociado de Laboral; José Francisco Canalejas, asociado de Bancario y Financiero; Javier Vinuesa y Oliver Padilla, socio y asociado de Fiscal y Andrew Ward, socio de Competencia.
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Tras un largo periodo de negociación, que comenzó en junio del año pasado, ambas compañías han trabajado para definir una solución conjunta a la cartera de clientes de Orange, tanto en Francia como en España.
En consecuencia, la marca Cetelem de BNP Paribas será la que ofrezca una solución a los clientes de Orange Bank en España.
El equipo de GA_P ha estado formado por Augusto Piñel, Irene Carreño y Miren Ibáñez, socio y asociadas de Mercantil; Carlos de la Torre y Jesús Tallos, socio y asociado de Laboral; José Francisco Canalejas, asociado de Bancario y Financiero; Javier Vinuesa y Oliver Padilla, socio y asociado de Fiscal y Andrew Ward, socio de Competencia.
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Augusto Piñel – Socio
José Francisco Canalejas – Counsel
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Gómez-Acebo & Pombo
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¡NUEVO!
El tratamiento fiscal del carried interest en las entidades de capital-riesgo: ¿menor valor de transmisión o gasto de gestión?
La Audiencia Nacional aborda el tratamiento fiscal de la comisión de éxito (carried interest) satisfecha por una entidad de capital-riesgo a su sociedad gestora con ocasión de la transmisión de participaciones, y dirime si constituye un coste directamente asociado a la operación de venta —que minora la plusvalía obtenida sobre la que se aplica la exención prevista actualmente en el artículo 50 de la Ley 27/2014— o si, por el contrario, se trata de un gasto de gestión ordinario deducible de forma independiente.
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¡NUEVO!
La cláusula antiabuso de la directiva matriz-filial es aplicable, aunque la sociedad receptora de los dividendos sea su beneficiaria efectiva y no sea una entidad instrumental
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite denegar la exención de retención sobre dividendos cuando forman parte de una cadena de operaciones abusivas, aunque la sociedad matriz que los percibe lleve a cabo una actividad económica real y sea su beneficiaria efectiva. La existencia de una estructura abusiva puede apreciarse atendiendo a operaciones realizadas en otros Estados miembros durante un periodo prolongado y no exige que la filial que distribuye el dividendo conozca el abuso, siempre que se acredite el elemento subjetivo en alguno de sus participantes.
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Análisis de la evolución del criterio administrativo sobre la aplicación de deducciones no consignadas en el ejercicio de su generación
Analizamos la evolución del criterio administrativo sobre la aplicación en ejercicios posteriores de las deducciones no consignadas en el período de su generación, advirtiendo de los cambios experimentados al respecto por la doctrina de la Dirección General de Tributos y del Tribunal Económico-Administrativo Central, así como de las cuestiones que este tema suscita desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la confianza legítima de los contribuyentes.
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Sobre si el artículo 34 de la Ley Hipotecaria (tercero registral protegido) purga la hipoteca incursa en la prohibición de asistencia financiera (STS 1469/2026, de 22 de septiembre)
En la Sentencia 1469/2026, de 22 de septiembre, el Tribunal Supremo afirma, contundentemente, que el artículo 34 de la Ley Hipotecaria (tercero registral protegido) purga la hipoteca incursa en la prohibición de asistencia, Pero la respuesta correcta es la contraria, aunque la asistencia prohibida no sea una “causa que conste en el Registro”.
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Condiciones para rescindir un pago debido realizado antes del concurso
El Tribunal Supremo vuelve a perfilar su doctrina sobre cuándo pueden rescindirse estos pagos por perjuicio para la masa activa del concurso
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Concurso de acreedores y subrogación de deudas laborales o de la Seguridad Social, pero sólo parcialmente
No existe objeción alguna a la fijación en el auto del juez del concurso de la exención de responsabilidad solidaria en relación con las deudas laborales o de la Seguridad Social asumidas por el Fondo de Garantía Salarial por parte de la empresa adquirente de la unidad productiva.
Litigación Tributaria
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El Tribunal Supremo reitera la exigencia de una motivación reforzada para denegar la extensión a la vía jurisdiccional de la suspensión de una deuda tributaria previamente concedida en la vía administrativa
El criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo en los casos en que se solicita la adopción de una medida cautelar consistente en la extensión de la suspensión a la vía jurisdiccional es el de preservar la potestad cautelar propia del juez, pero exigiendo que éste, al ponderar los intereses en conflicto, valore que la deuda se haya suspendido ex lege con una garantía suficiente que extienda expresamente sus efectos a la vía contencioso-administrativa, así como que la Administración tributaria no haya probado que la demora en el ingreso de la deuda tributaria pueda causar un perjuicio a los intereses generales.
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28 Oct, 2026
Acceso público a los datos registrales de los socios minoritarios de una sociedad de capital (STJUE, Sala Primera, de 3 de septiembre del 2026; as. C-798/24 [Jautiva])
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el marco de una cuestión prejudicial, ha examinado si se opone al Derecho de la Unión una normativa nacional que obliga a poner a disposición del público datos personales de los socios (incluso de los minoritarios) de una sociedad anónima cuando el acceso a dichos datos no está supeditado a ningún requisito, por ejemplo, la acreditación de un interés legítimo.