Pacote de medidas anticorrupção: uma reflexão | Observador

En el desarrollo reglamentario del registro de la jornada que anuncia el Ministerio se recoge la implantación del registro electrónico, la inclusión personal y directa de cada registro por la persona trabajadora con un sistema de verificación de identidad en cada caso y con garantías informáticas de autenticidad; la precisión sobre si se trata de un tiempo de trabajo efectivo o de mera disponibilidad, así como la distinción entre las horas ordinarias y extraordinarias; una mayor participación de los representantes en la fiscalización del cumplimiento de la obligación empresarial y la implementación de mecanismos digitales para garantizar el acceso en remoto de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

No está claro si esta doctrina está llamada a perdurar, pero el Tribunal Supremo declara que el codeudor solidario que paga dispone de acción de regreso por la cuota, aunque la solidaridad naciera de contrato ilícito.

Se modifica la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025) que obligará a los sujetos responsables de cotizar a la Seguridad Social a la debida actualización. La Administración facilita la conversión de un sistema a otro y habilita información sobre el proceso de actualización.

Sanción por vulneración del artículo 6.1 del RGPD en relación con el procedimiento que tenía establecido CAIXABANK para recabar el consentimiento de sus clientes para verificar determinados datos personales relacionados con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (LPBCFT).

Sala Segunda Tribunal Constitucional. Sentencia 179/2023, de 11 de diciembre de 2023. Recurso de amparo 63-2022. Promovido por el Banco Santander, S.A., en relación con los acuerdos del Consejo de Ministros que le sancionaron por la falta de comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (principios...

La Sentencia 457/2023, de 14 de junio, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo indica que no constituyen delito de alzamiento de bienes aquellos actos de disposición del deudor sobre sus activos cuando éste obtiene una contraprestación que reequilibra su situación financiera.

Por el momento, la última resolución del tribunal de la Unión en la saga Dieselgate y la más comprometida en Derecho privado.

La Ley Orgánica 14/2022 modifica de forma importante los delitos de malversación de caudales públicos e introduce un nuevo tipo penal, el delito de enriquecimiento ilícito, no exento de polémica.