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El TEAC determina que no cabe transmitir a los herederos de una persona física ni las sanciones impuestas a su causante en calidad de infractor, ni tampoco las liquidaciones incluidas en el alcance de un acuerdo de responsabilidad tributaria dictado al amparo del artículo 43.1 a) de la Ley General Tributaria, independientemente de que tal acuerdo se haya notificado antes o después del fallecimiento del declarado responsable.

Publicado el Real Decreto 530/2026, de 24 de junio, por el que se establece el marco de las convocatorias para el otorgamiento del régimen retributivo específico a instalaciones de cogeneración.

El riesgo de incapacidad absoluta y permanente recogido en el boletín de adhesión abarca la incapacidad para todo trabajo (cualquier trabajo), no únicamente para el que el asegurado venga desempeñando habitualmente; no se refiere, por tanto, a la incapacidad permanente total.

En el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2025 se hacen dos referencias temporales que parecen contener dos reglas distintas en materia de prescripción. Pero el artículo 7.3 no es una regla de prescripción.

Es aplicable a la resolución contractual el artículo 1303 del Código Civil, pero la restitución de prestaciones debe ser pedida en la demanda.

El Tribunal Supremo lo afirma con diversos fundamentos, pero fundamentalmente por la transmisión de la legitimación que se produce con la enajenación de la cosa

El Tribunal Supremo (Sentencia 824/2026, de 29 de mayo) confirmó la declaración de nulidad de un acuerdo social de ejercer la acción social de responsabilidad al apreciar que éste había sido impuesto de manera abusiva por la mayoría por no responder a una necesidad razonable de la sociedad y por haber sido adoptado por la mayoría en su propio interés y en detrimento injustificado de la minoría.

En sentencia de 2 de junio del 2026, el Tribunal Supremo analiza los términos del recurso de casación frente a los autos dictados en ejecución de sentencia y concluye que, en el caso en cuestión, la Administración fue más allá de lo que el fallo habilitaba expresamente, habida cuenta de que éste había anulado la ponencia de valores y el valor catastral notificado acordando la retroacción, pero guardaba silencio acerca de la retroactividad. El tribunal determina que el artículo 39.3 de la Ley 39/2015 regula una potestad administrativa que es en todo caso inidónea para apartarse del fallo judicial. Y, en cuanto al fondo de la pretendida retroactividad, determina que dicho precepto es una norma general que no puede prevalecer frente a la específica normativa tributaria y catastral que impone la irretroactividad de los valores catastrales notificados.