Segunda edición del informe de tendencias en el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas del Ibex-35

Dos sociedades unipersonales modificaron sus estatutos en lo relativo, entre otros extremos, al régimen de retribución de sus administradores. En lo que ahora resulta relevante, se introdujo en los preceptos estatutarios en cuestión un último párrafo del siguiente tenor: «La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para los administradores». Presentadas las correspondientes escrituras en el Registro Mercantil, el registrador decidió en ambos casos no practicar la inscripción de esta regla aduciendo que un seguro de responsabilidad civil constituye un concepto retributivo y que en el caso no se cumplía «con la exigencia de constancia en estatutos, sino que se deja al arbitrio de la junta general o del propio consejo, que es quien tiene las facultades de contratación, vulnerando el artículo 217 LSC» y la doctrina registral. Los posteriores recursos gubernativos interpuestos por la sociedad fueron desestimados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en dos Resoluciones idénticas de 13 de mayo de 2025 (BOE núm. 141, de 12 de junio). Conviene precisar, no obstante, que la Dirección General confirmó la calificación impugnada únicamente en los términos expresados en ella (cuestión a la que nos referiremos más adelante). Las dos resoluciones reseñadas recordaron que, según la doctrina registral, el concreto sistema de retribución de los administradores debe estar claramente establecido en los estatutos. En concreto, señalaron que el régimen legal requiere que se prevea en los estatutos, de forma expresa, que el cargo de administrador es retribuido (para así destruir la presunción de gratuidad) y, también, que se determinen uno o más sistemas concretos de dicha retribución, de forma que en ningún caso quede al arbitrio de la junta general su elección o la posibilidad de optar entre los distintos sistemas retributivos, «que pueden ser cumulativos pero no alternativos» (Ress. DGRN de 12 de noviembre de 2003 [BOE núm. 302, de 18 de diciembre], 16 de febrero [BOE núm. 67, de 19 de marzo] y 7 de marzo de 2013 [BOE núm. 87, de 11 de abril], 17 de junio de 2014 [BOE núm. 183, de 29 de julio] y 9 de agosto de 2019 [BOE núm. 261, de 30 de octubre]). Partiendo de esta idea, la Dirección General entendió que la regla estatutaria controvertida, al limitarse a autorizar a la compañía para contratar un seguro de responsabilidad civil en favor de los administradores sociales, no cumplía con la exigencia derivada del citado artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC). Y ello porque venía a establecer un sistema o concepto retributivo «no cumulativo» cuya existencia efectiva dependía de la decisión que finalmente tomase la sociedad. Ahora bien, y esta es la precisión efectuada por la Dirección General en ambas resoluciones, la calificación negativa del registrador sólo podía confirmarse «respecto de los miembros del consejo de administración que no sean consejeros delegados ni tengan atribuidas funciones ejecutivas en virtud de otro título». En efecto, debe observarse, en relación precisamente con estos «consejeros ejecutivos», que, si bien los distintos conceptos retributivos deberán constar necesariamente en los estatutos, éstos pueden remitirse al contrato que se celebre entre el consejero ejecutivo y la sociedad para especificar si se remunerará a aquél por todos o (sólo) por algunos de los referidos conceptos retributivos. De este modo —apuntó la Resolución comentada— se compatibiliza la debida protección de los socios (por cuanto se fijan en los estatutos los posibles conceptos retributivos y se aprueba por la junta general el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores) con la satisfacción de las necesidades de la práctica (dado que se atribuye al consejo de administración la competencia para elegir, caso por caso y sin necesidad de proceder a modificación estatutaria alguna, aquellos concretos conceptos retributivos —de entre los previstos en los estatutos— que deben incluirse en el contrato al que se refiere el artículo 249 LSC: vid. Ress. de 7 de julio [BOE núm. 177, de 26 de julio] y 16 de noviembre de 2021 [BOE núm. 289, de 3 de diciembre] y 21 [BOE núm. 281, de 21 de noviembre] y 30 de octubre de 2024 [BOE núm. 282, de 22 de noviembre], entre otras).

La persona jurídica administradora debe designar un representante al tiempo que acepta el cargo porque la protección de la eficacia preventivo-punitiva de las normas sobre responsabilidad orgánica (frente a la sociedad, socios o terceros) requiere que exista una persona física responsable, con todos sus bienes presentes y futuros, del correcto desempeño de las funciones y competencias propias del cargo. Es indiferente por ello que se trate de un supuesto de responsabilidad por daños o de responsabilidad por deudas o de responsabilidad concursal.

Según la SAP de Madrid 6/2025, de 10 de enero, la existencia de una concreción mínima en el eventual acuerdo adoptado por la junta general acerca del ejercicio de la acción social de responsabilidad (de modo que pueda identificarse la conducta del administrador en que se fundamenta la pretensión) constituye un requisito de procedibilidad para el ejercicio judicial de dicha acción contra el administrador afectado

Once again: despite compliance with the formal requirements of a calling of meeting of shareholders, company resolutions may be unenforceable if there is an abuse of rights in said call

Una vez más: a pesar del cumplimiento de los requisitos formales de la convocatoria de la junta, los acuerdos sociales pueden resultar ineficaces si en dicha convocatoria concurre abuso de derecho

El Tribunal Supremo aplica los criterios recogidos en el artículo 217.4 de la Ley de Sociedades de Capital para resolver la impugnación del acuerdo de la junta por el que se fijó la retribución del administrador social.

En la sentencia Alliance for Fair Board Recruitment; NCPPR v. SEC, con un voto de diferencia, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos deja sin efecto las normas del Nasdaq sobre diversidad en el consejo de administración de las cotizadas aprobadas por la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) en el 2021.

Real Decreto Ley 6/2022, Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania: novedades en el régimen de prestación, tramitación y renovación del bono social eléctrico.