Una ley de residuos que amenaza con desperdiciar la competitividad | ABC

La inspección conjunta es un mecanismo de cooperación entre Administraciones tributarias de distintos Estados miembros para actuar coordinadamente sobre obligados tributarios de interés común; no constituye un procedimiento supranacional ni da lugar a una liquidación conjunta europea. No obstante, para el obligado tributario resulta esencial participar activamente en el procedimiento, vigilar los trámites en cada jurisdicción y coordinarse con asesores locales en los distintos Estados. Una estrategia de defensa coherente y coordinada en todas las jurisdicciones afectadas es clave para proteger adecuadamente sus derechos.

La resolución contractual puede afectar a las cláusulas de no competencia, pero no impide que el acreedor haga un negocio de cobertura con tercero y que ello sea indemnizado ni afecta al deber de confidencialidad.

La Sala de lo Social estima que la solicitud de indemnización por discriminación se halla en directa «conexidad» con el planteamiento de un conflicto colectivo sobre la exclusión de los trabajadores del Convenio Colectivo, interrumpiendo así la acción individual por daño moral.

El Tribunal Económico Administrativo Central considera que el criterio jurisprudencial fijado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2023 (rec. cas. 7851/2021) por el que se flexibiliza el requisito de ocupación efectiva de la vivienda habitual en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores a la venta sólo es aplicable en situaciones de separación, divorcio o nulidad del matrimonio, sin que sea trasladable a supuestos de movilidad laboral.

Se examina la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de abril del 2026, Pelham (C-590/23, ECLI:EU:C:2026:290), en la que se interpreta la excepción del pastiche recogida en la «Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo del 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información».

La Sentencia del TSJ de Cataluña 355/2026 confirma la validez de la Ordenanza reguladora de la tasa para el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos del Ayuntamiento de Girona frente al recurso de una asociación de apartamentos turísticos. El tribunal avala la implantación gradual del sistema de «pago por generación» y, de forma cuestionable por las razones que se exponen en el comentario, considera justificada la equiparación de las viviendas de uso turístico a las actividades económicas a efectos de la tasa.

La sentencia tiene interés porque hasta el presente este colchón solo se había aplicado a las tarjetas «revolving».