XVI Congreso Internacional de Arbitraje | Club Español del Arbitraje

La prórroga de una anotación preventiva de embargo es un trámite procesal exigido por la duración temporal de este tipo de asientos y que no tiene más trascendencia que evitar su caducidad.

La jurisprudencia ha interpretado el artículo 413.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que los efectos de la litispendencia no impiden tomar en consideración hechos íntimamente ligados a los discutidos, posteriores a la demanda o no alegados en los escritos iniciadores en cuanto desplieguen una eficacia complementaria o interpretativa para la integración del objeto del proceso, con arreglo a las circunstancias existentes en el momento de la interposición de la demanda, siempre que no se contravenga la imposibilidad de alterar los hechos fundamentales.

En el exequatur de la resolución de apertura de un procedimiento concursal, no deberían adoptarse medidas cautelares directas contra terceros por el solo hecho de estar vinculados al deudor.

La sentencia, en la línea de las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas en este asunto, proporciona interesantes conclusiones en la interpretación de la relación entre el procedimiento de insolvencia universal y los territoriales.

Las diligencias de constancia en las que los letrados de la Administración de Justicia dan fe de la realización de un acto de comunicación por vía telefónica pueden ser válidas, pero será necesario que, en función de las concretas circunstancias de cada caso, se pueda entender que el acto de comunicación ha cumplido el fin que le es propio.

El Auto del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2026 reconoce que la suspensión cautelar producida por silencio positivo constituye un acto administrativo impugnable, colmando una laguna del artículo 117.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común en las relaciones triangulares. Sin embargo, el auto incurre en una contradicción al aplicar el plazo de dos meses del artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cuando el plazo que se asigna a los actos presuntos estimatorios es el de seis meses.

La interposición de la demanda produce el efecto de interrumpir la prescripción de la acción cuando ha sido ya comunicada a la parte demandada, de modo que ésta conocía la reclamación. En consecuencia, carecerá de tal eficacia en los casos de inadmisión o de desistimiento unilateral (anterior al emplazamiento del demandado).

Aunque es discutible, la facultad de suspensión prevista en el artículo VI del Convenio de Nueva York corresponde al órgano judicial de la ejecución, no al de reconocimiento, entre otras razones porque así parece desprenderse del tenor literal de dicho precepto.

La obligación de motivar el laudo no constituye un principio procesal tan fundamental que impida la admisibilidad de su renuncia en los procedimientos de arbitraje voluntario, siempre que la misma sea libre, legalmente válida e inequívoca y la normativa aplicable contemple garantías procesales que permitan oponerse a cualquier incumplimiento y solicitar la declaración de nulidad o la anulación del laudo.