Nuno de Oliveira Garcia comenta los Presupuestos del Estado que se aprobarán el 25 de noviembre | Jornal de Negócios

La doctrina fijada por el Tribunal Supremo delimita los requisitos para que la documentación obtenida durante un registro domiciliario autorizado judicialmente y referida a ejercicios fiscales distintos de los inicialmente investigados pueda considerarse lícitamente obtenida al amparo de la doctrina del hallazgo casual.

El Tribunal Económico Administrativo Central, en unificación de criterio, determina que el importe de las primas de seguros de vida cuya contratación está incluida en las condiciones del préstamo hipotecario que grava el inmueble arrendado y cuya suscripción determina una bonificación en el tipo de interés del préstamo tiene la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario.

El Tribunal Supremo, a efectos de aplicar los beneficios de empresa familiar, dirime si un contribuyente que percibe tanto rendimientos de una actividad económica como rentas del trabajo, cuyo cálculo en términos netos se ha realizado con métodos diferentes -estimación objetiva y estimación directa, respectivamente-, puede atender a los rendimientos brutos o íntegros para calcular su «principal fuente de renta».

El Tribunal Supremo establece que la cláusula antiabuso del artículo 96.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades debe interpretarse conforme al principio de proporcionalidad. Confirmada la existencia de ventajas fiscales abusivas, la regularización debe dirigirse a la eliminación de tales ventajas, que deben estar identificadas en la liquidación. La regularización sólo podrá afectar al diferimiento de las plusvalías latentes cuando la Administración acredite, mediante una motivación reforzada, que éste es el principal objetivo perseguido con la operación.

Ante la ausencia de una normativa específica tributaria, el plazo de prescripción del derecho a la ejecución de las resoluciones estimatorias y firmes emitidas por los tribunales económico-administrativos es el plazo general de cinco años previsto en el Código Civil, aun cuando la Administración haya dictado el correspondiente acuerdo de ejecución.

El Tribunal Supremo analiza si la ganancia patrimonial generada por una herencia yacente debe imputarse en todo caso a sus partícipes en su impuesto sobre la renta, aunque los herederos designados estén sujetos a término y éste aún no se haya alcanzado. Además, dirime si dicha imputación podría traducirse en una doble imposición si tal ganancia resultase gravada en el impuesto sucesorio como mayor base imponible cuando se cumpla el término señalado en el testamento.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la exigencia de que el recurso de anulación sea resuelto por el mismo órgano —en lo que a su forma de funcionamiento se refiere— que dictó la resolución impugnada, y reconoce que las comunicaciones de pago de devolución que alteran la cantidad que el contribuyente tiene derecho a percibir no son un mero acto de trámite, sino un acto administrativo susceptible de impugnación.

El Tribunal Supremo no permite a la Administración mantener una liquidación tributaria mediante un fundamento jurídico alternativo incluido de forma subsidiaria en el mismo acuerdo de liquidación tras la anulación de la declaración de fraude de ley que la originó. Esta forma de actuar provoca indefensión en el contribuyente al operar como una nueva liquidación sin haber seguido el procedimiento correspondiente.

La Ley 3/2006, de 30 de junio, de Apoyo a la Empresa Familiar, de la Comunidad de Madrid, establece medidas tributarias de apoyo a la empresa familiar. Su objetivo es el de mejorar el régimen estatal de beneficios fiscales aplicables a su transmisión vía sucesión o donación, incrementando el porcentaje de reducción, flexibilizando algunos de sus requisitos y ampliando el perímetro de sus posibles beneficiarios.