Enrique Ortega y John Galilea sobre la perspectiva contable y fiscal de las criptomonedas | Carta Tributaria

El TEAC determina que no cabe transmitir a los herederos de una persona física ni las sanciones impuestas a su causante en calidad de infractor, ni tampoco las liquidaciones incluidas en el alcance de un acuerdo de responsabilidad tributaria dictado al amparo del artículo 43.1 a) de la Ley General Tributaria, independientemente de que tal acuerdo se haya notificado antes o después del fallecimiento del declarado responsable.

En sentencia de 2 de junio del 2026, el Tribunal Supremo analiza los términos del recurso de casación frente a los autos dictados en ejecución de sentencia y concluye que, en el caso en cuestión, la Administración fue más allá de lo que el fallo habilitaba expresamente, habida cuenta de que éste había anulado la ponencia de valores y el valor catastral notificado acordando la retroacción, pero guardaba silencio acerca de la retroactividad. El tribunal determina que el artículo 39.3 de la Ley 39/2015 regula una potestad administrativa que es en todo caso inidónea para apartarse del fallo judicial. Y, en cuanto al fondo de la pretendida retroactividad, determina que dicho precepto es una norma general que no puede prevalecer frente a la específica normativa tributaria y catastral que impone la irretroactividad de los valores catastrales notificados.

La DGT analiza si cabe aplicar la exención prevista en el artículo 21.3 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, sobre la parte contingente del precio de venta de participaciones cuando esta se devengue en un ejercicio posterior al de la transmisión.

El Tribunal Supremo vuelve a cuestionar que la Administración pueda recalificar directamente como reducción de capital con devolución de aportaciones una operación de adquisición en autocartera seguida de amortización, debiendo tramitar necesariamente a esos efectos el procedimiento de declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria establecido en el artículo 15 de la Ley General Tributaria.

Mediante el Auto número 30/2026, de 26 de mayo, el Pleno del Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6933-2025, planteada en relación con el artículo 3.2.7 del Real Decreto Ley 3/2016. Dicho precepto modificó el artículo 21.6 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, para establecer la no integración en la base imponible de determinadas rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones en entidades. Al tratarse de una decisión de inadmisión, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el fondo de las dudas de constitucionalidad suscitadas, lo que deja abierta la puerta a que la cuestión pueda volver a plantearse en futuros procedimientos.

La Dirección General de Tributos aclara el impacto sobre la reserva de capitalización de la operación de reducción de capital mediante amortización de acciones propias y devolución de aportaciones a los socios. El centro directivo confirma la neutralidad de esta operación a efectos del requisito de mantenimiento de los fondos propios exigible para la aplicación del incentivo fiscal previsto en el artículo 25 de la ley del impuesto sobre sociedades.

El Tribunal Supremo determina que en las escrituras de declaración de obra nueva, para determinar la base imponible de la modalidad impositiva de actos jurídicos documentados, habrá de estarse al valor real de coste de la obra nueva que se declare, sin que se puedan aplicar coeficientes de actualización monetaria cuando el devengo se produce en un momento muy posterior a la construcción del inmueble

En fechas 22 y 29 de abril del 2026, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite doce nuevos recursos de casación relativos a la devolución del tramo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos. Tras la declaración de ilegalidad del tributo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el reconocimiento por el Tribunal Supremo de la legitimación para solicitar la devolución de los ingresos indebidamente realizados, el alto tribunal deberá pronunciarse sobre cuestiones relativas a la concreción de los estándares probatorios y a la definición precisa de los requisitos materiales para excluir la devolución.

El TSJM entiende que no ha existido simulación relativa en una operación en virtud de la cual un cónyuge ha transmitido al otro participaciones de entidades inactivas y sin activos, por un valor simbólico —1 euro—, generándose con ello pérdidas patrimoniales que fueron compensadas con ganancias patrimoniales