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La legitimación para impugnar un Convenio Colectivo por ilegalidad corresponde a los órganos de representación de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas y, por tanto, no excluye a los firmantes del Convenio Colectivo, no procediendo una interpretación restrictiva

Se ofrecen una selección de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector.

El problema ha quedado resuelto legalmente con la reforma del artículo 135.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, pero con anterioridad lo correcto era entender que la jurisprudencia de la sala que admitía la aplicación del día de gracia a los escritos en que se ejercitaba una acción sometida a un plazo sustantivo no se había visto alterada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre.

Por segunda vez, el Tribunal Supremo aplica la técnica de la indemnización por pérdida de oportunidad fuera del ámbito de la responsabilidad sanitaria.

El Tribunal Supremo establece que, en ausencia de normas transitorias, considerando la presunción de irretroactividad ex artículo 9.3 de la Constitución, el principio de seguridad jurídica y la aplicación supletoria del artículo 1939 del Código Civil, debe aplicarse la redacción del artículo 67.2 de la Ley General Tributaria previa a la vigencia de la Ley 7/2012 en los casos en que los hechos que constituyen el presupuesto de la responsabilidad del artículo 42.2a de la Ley General Tributaria se producen antes de la entrada en vigor de esta ley, pero el procedimiento de declaración de la responsabilidad se inicia y tramita con posterioridad.

Para corroborar el carácter estático y no dinámico del complemento ad personam deberá configurarse con una cuantía fija, no revalorizable, en cuanto está llamado a desaparecer, sin perjuicio de poder servir como referencia para calcular otros conceptos retributivos.

El Tribunal analiza las exigencias normativas relativas a la contabilización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y las posibles consecuencias jurídicas asociadas a su incumplimiento, en especial, cuando éste deriva de la inexistencia en el balance de la actividad del contribuyente de la reserva dentro del período de mantenimiento, pese a que el activo en que se materializó la inversión permanece en funcionamiento en la empresa del adquirente.

Se ha publicado la Directiva 2026/470 (Ómnibus I) que limita la obligación de elaborar el informe de sostenibilidad a las entidades de interés público con más de mil empleados y un volumen de negocios neto superior a cuatrocientos cincuenta millones de euros durante el ejercicio anterior, así como a las sociedades matrices de un grupo grande que superen estas cifras de forma consolidada. La norma modifica la directiva de auditoría de cuentas, la contable, la relativa al informe de sostenibilidad (CRSD) y la de diligencia debida (CSDDD).

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de febrero.