GA_P asesora a Revenga Smart Solutions en su incorporación a BME Growth

El Gobierno ha presentado el Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva; el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo; la Ley de Sociedades de Capital; la ley de entidades de capital riesgo y otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado; la Ley 5/2015, de Fomento de la Financiación Empresarial, y la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. La reforma de las normas sobre inversión colectiva por la tardía transposición de la Directiva 2024/927 por la que se modifican la Directiva 2011/61/UE, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (AIFMD), y la Directiva 2009/65/CE (UCITS), ocupa la mitad del texto. Se destacan las modificaciones respecto a la gestión del riesgo de liquidez y a la concesión de préstamos por entidades de inversión colectiva de tipo cerrado.

Se analizan las modificaciones que el Proyecto de Real Decreto, de marzo del 2026, por el que se adoptan medidas en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación contra el terrorismo y por el que se modifican otras normas del sector financiero recoge respecto al real decreto de transparencia (1362/2007); al de empresas de servicios de inversión (813/2023); al de instrumentos financieros (814/2023), y al de registros oficiales, cooperación y supervisión de empresas de inversión (815/2023).

La nueva Ley 10/2025 reforma el régimen del servicio de atención a la clientela de las entidades financieras y recoge un procedimiento de presentación, tramitación y resolución de las reclamaciones que presenten sus clientes. Cuando sean éstos consumidores, se establecen previsiones especiales, de entre las que destacan un teléfono gratuito de asistencia y la disponibilidad de canales que permitan la prestación personalizada a consumidores vulnerables o a personas sin acceso a determinados servicios financieros de carácter básico que no se definen en la norma.

Se han publicado tres reglamentos delegados y unas directrices de la Comisión Europea que desarrollan el Reglamento de Bonos Verdes en materia de plantillas de información acerca de la asignación de los recursos captados con las emisiones de estos bonos y sobre los verificadores de la misma

La Autoridad Europea de Valores y Mercados, en línea con la ABE y la EIOPA, ha publicado una nota en la que recoge los cuatro principios básicos que han de respetar los participantes en los mercados cuando publiquen información sobre sostenibilidad, sea ésta regulada o no. Recoge asimismo una serie de buenas y malas prácticas al respecto

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha comunicado a la Autoridad Europea de Valores y Mercados que ha adoptado las cinco directrices de desarrollo del Reglamento MiCA de forma que supervisará su aplicación en España en materias como los servicios de transferencia de criptoactivos, la aplicación del MiCA a empresas de terceros países, los requisitos de idoneidad en el asesoramiento y gestión de carteras, los formularios de emisión y admisión a negociación, la clasificación de los criptoactivos a efectos de la aplicación del MiCA y los sistemas y protocolos TIC para tokens distintos de los referenciados a activos y de los de dinero electrónico.

Las directrices europeas establecen una serie de principios generales para asegurar una supervisión efectiva del abuso de mercado en los mercados de criptoactivos, así como pautas en materia de detección y prevención que han de seguir los supervisores nacionales inspiradas, con las lógicas adaptaciones, en el régimen de abuso de mercado del Reglamento del 2014. Habrán de ser traducidas a las lenguas oficiales de la Unión, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a la Autoridad Europea de Valores y Mercados si las cumple o si tiene intención de cumplirlas en el plazo de dos meses desde la publicación de la traducción.