Gómez-Acebo & Pombo de las firmas favoritas como destino para los estudiantes | CincoDías

Las diligencias de constancia en las que los letrados de la Administración de Justicia dan fe de la realización de un acto de comunicación por vía telefónica pueden ser válidas, pero será necesario que, en función de las concretas circunstancias de cada caso, se pueda entender que el acto de comunicación ha cumplido el fin que le es propio.

La Dirección General de Tributos aclara cómo debe tributar un trabajador que recibe acciones gratuitamente en el marco de un plan Restricted Stock Units cuyas condiciones establecen el mecanismo sell-to-cover, de acuerdo con el cual, en el momento de la entrega efectiva de las acciones, se produce de forma obligatoria y automática la venta de un porcentaje de ellas para afrontar el ingreso a cuenta que corresponde a la retribución en especie.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

A partir del 5 de junio de 2026 es ya directamente aplicable en los Estados miembros la reforma del régimen europeo de folletos producida por la Listing Act y sus disposiciones de desarrollo.

La posibilidad de acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa para combatir el silencio de la Administración es un arma a disposición del afectado, no una carga que pese sobre él. Quien opta por esperar a que haya resolución expresa no puede verse perjudicado en su derecho.

El Tribunal Supremo, sobre la base del principio de seguridad jurídica, establece que en los supuestos de regularización tributaria por simulación socio/administrador/sociedad, la prescripción de uno de los impuestos que se hayan de regularizar (en este caso, el impuesto sobre la renta de las personas físicas) no enerva la obligación de la Administración de ser coherente y de regularizar íntegramente la situación en el ámbito del impuesto sobre sociedades.

El Auto del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2026 reconoce que la suspensión cautelar producida por silencio positivo constituye un acto administrativo impugnable, colmando una laguna del artículo 117.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común en las relaciones triangulares. Sin embargo, el auto incurre en una contradicción al aplicar el plazo de dos meses del artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cuando el plazo que se asigna a los actos presuntos estimatorios es el de seis meses.

El nuevo Real Decreto 611/2026 transpone al ordenamiento español diversas directivas de la Unión Europea recientemente modificadas, con el propósito de avanzar en la descarbonización y dar cumplimiento a los objetivos climáticos aplicables al sector del transporte. Fija unos nuevos objetivos de uso de combustibles menos contaminantes y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para España del 2027 al 2040.