Guillermo Guerra sobre los consejeros dominicales y su papel en las empresas cotizadas | El Confidencial

La distinción es crucial, pues en el primer caso el banco no puede ser demandado sobre la base del carácter complejo o no del instrumento ni por causa de error o dolo

¿Por qué sostiene ahora esto el Tribunal Supremo? Seguramente porque la contestación con la excepción de prescripción fue inadmitida por estar fuera de plazo

No hay una respuesta unitaria a la cuestión de si el cesionario de un crédito dispone o no de la facultad de resolver el contrato subyacente cuando el deudor cedido no cumple. Como regla, esta resolución no será posible para el cesionario.

Boletín trimestral elaborado por el Área Mercantil de Gómez-Acebo & Pombo que incluye trabajos de análisis, comentarios de jurisprudencia y notas o reseñas sobre práctica societaria en materias de interés para nuestros clientes.

Seguro de larga duración con prima única financiada sin que los intereses de la financiación puedan incluirse en los costes totales del crédito

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 71/2026, de 27 de abril, aborda, entre otras cuestiones, la del alcance de la norma establecida en primer inciso del artículo 661.1 de la Ley Concursal. Según este precepto, la sentencia que estime la impugnación del auto de homologación de un plan de reestructuración «declarará la no extensión de los efectos del plan únicamente frente a quien hubiera instado la impugnación, subsistiendo los efectos de la homologación frente a los demás acreedores y socios».

La deuda de responsabilidad civil extracontractual por daño a tercero nace ya directamente en cabeza de los administradores, sin perjuicio de que, por aplicación del artículo 38 del Código Civil, también nazca simultáneamente en cabeza de la sociedad, a la que se imputan también los actos no negociales de sus administradores. Hasta tal punto es ello así que la sociedad responsable (que debe por ejemplo a Hacienda en concepto de responsable de la deuda de recargo y de la sanción tributaria) y que ha pagado tiene regreso por el todo contra sus administradores.

La sentencia sostiene que no es posible modificar la clasificación de créditos contenida en la lista definitiva de acreedores

El Tribunal Supremo (Sentencia 824/2026, de 29 de mayo) confirmó la declaración de nulidad de un acuerdo social de ejercer la acción social de responsabilidad al apreciar que éste había sido impuesto de manera abusiva por la mayoría por no responder a una necesidad razonable de la sociedad y por haber sido adoptado por la mayoría en su propio interés y en detrimento injustificado de la minoría.