Hacia la recogida separada y el reciclado de las artes de pesca | Expansión

Supreme Court judgment no. 1189/2026 resolves a case involving an action for damages arising from acts of unfair competition affecting the public interest (Art. 7 LDC 1989, now Art. 3 of the Competition Act). The Supreme Court clearly establishes that these acts do not constitute antitrust violations in the strict sense (Arts. 1 and 2 of the LDC), but rather acts of unfair competition subject to the provisions of the Competition Act. Consequently, neither the favourable provisions of the Damages Directive nor Title VI of the Competition Act apply, and such actions are excluded from the five-year limitation period.

El Tribunal Supremo establece que la cláusula antiabuso del artículo 96.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades debe interpretarse conforme al principio de proporcionalidad. Confirmada la existencia de ventajas fiscales abusivas, la regularización debe dirigirse a la eliminación de tales ventajas, que deben estar identificadas en la liquidación. La regularización sólo podrá afectar al diferimiento de las plusvalías latentes cuando la Administración acredite, mediante una motivación reforzada, que éste es el principal objetivo perseguido con la operación.

El control judicial de la decisión del registrador (o de la correspondiente resolución de la DGSJFP) de nombrar experto independiente a los efectos del artículo 353 LSC se contrae a determinar si el registrador mercantil ha actuado de manera correcta al designar al experto (sin que proceda en aquella sede valorar la existencia del derecho de separación o las circunstancias de su ejercicio).

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, tras haber fijado doctrina sobre el nuevo requisito del interés casacional objetivo, recopila algunos criterios formales exigidos ante la interposición de un recurso de casación, ya ordinario, ya en unificación, para evitar su desestimación.

La obligación de motivar el laudo no constituye un principio procesal tan fundamental que impida la admisibilidad de su renuncia en los procedimientos de arbitraje voluntario, siempre que la misma sea libre, legalmente válida e inequívoca y la normativa aplicable contemple garantías procesales que permitan oponerse a cualquier incumplimiento y solicitar la declaración de nulidad o la anulación del laudo.

Ante la ausencia de una normativa específica tributaria, el plazo de prescripción del derecho a la ejecución de las resoluciones estimatorias y firmes emitidas por los tribunales económico-administrativos es el plazo general de cinco años previsto en el Código Civil, aun cuando la Administración haya dictado el correspondiente acuerdo de ejecución.