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NOTICIA
Hacia la recogida separada y el reciclado de las artes de pesca | Expansión
Nuestros expertos, Ana Orondo, Pedro Poveda y Eduardo Orteu, analizan las nuevas obligaciones legales que impone la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que afectarán al sector pesquero a partir de 2025. El artículo 61 de dicha Ley, exige la aprobación por parte del Gobierno de un sistema de responsabilidad ampliada del producto (RAP) para los productores de artes de pesca, que deberán asumir los gastos de recogida separada y el tratamiento de los residuos de tales artes de pesca.
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Ana Orondo – Counsel
Pedro Poveda – Socio
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Sandra Cuesta
Directora de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación

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¡NUEVO!
Un apunte sobre la suspensión de efectos del convenio arbitral por el juez del concurso
El perjuicio para la tramitación del concurso que fundamenta la excepción no puede basarse en afirmaciones genéricas, sino que debe derivar de los concretos datos del supuesto enjuiciado
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Hace 2 días
Novedades regulatorias en materia de proyectos de almacenamiento de energía eléctrica introducidas mediante el Real Decreto-Ley 7/2025
El Real Decreto-ley 7/2025 introduce novedades regulatorias en la tramitación y despliegue de proyectos de almacenamiento de energía eléctrica.
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Hace 3 días
Compensación de créditos laborales ¿puede la empresa compensar unilateralmente?
Si se interpone una demanda colectiva para reprochar la conducta unilateral de la empresa en la compensación de créditos salariales a través de descuento en nómina, deberá cuestionarse necesariamente la entidad de la deuda y la existencia de discrepancias cuantitativas para poder valorar si existe o no compensación legal por parte del empleador. Sólo admitiendo el carácter vencido, líquido y exigible de la deuda, procederá la compensación por parte del empleador -o del trabajador, en su caso- pero, si no se cuestiona la deuda, queda expedita la vía para la compensación de créditos salariales.
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Hace 3 días
Control de la acumulación subjetiva de acciones
La denegación de la acumulación debe ser motivada, justificando que la solución adoptada sea acorde con los fines que procura la acumulación de acciones y con sus presupuestos, a la vista de las circunstancias del caso
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Hace 3 días
¿Puede una sociedad mercantil pedir por reconvención la nulidad de sus propios acuerdos?
Al hilo de un supuesto de comunidad de propietarios, un problema inexplorado de cómo constituir la relación jurídica procesal cuando se cuestiona la validez de los acuerdos
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Hace 3 días
Notas de Competencia N.º 43
El boletín informa de las novedades que se producen durante cada período en el Derecho español y comunitario europeo en materia de competencia. Cada número del Boletín está integrado por un artículo de portada, de carácter doctrinal que analiza y comenta las novedades legislativas y algunas cuestiones prácticas que se presentan en la interpretación o aplicación de las normas de competencia, escrito por un especialista en la materia.
Litigación Tributaria
Hace 4 días
Sobre la procedencia y el alcance de la facultad de calificación del artículo 13 de la Ley General Tributaria en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo
En distintas sentencias emitidas en abril y mayo de 2025, el Tribunal Supremo ha ratificado y profundizado en su jurisprudencia sobre la no intercambiabilidad de las instituciones contenidas en los artículos 13, 15 y 16 de la Ley General Tributaria. Respecto a la potestad de calificación de la Administración, ha admitido, aunque no de forma unánime, su suficiencia para recalificar los rendimientos del trabajo declarados por el administrador de la sociedad a efectos del Impuesto sobre la Renta cuando no se cuestionan las actividades económicas y rendimientos obtenidos por la entidad ni se sostiene su carácter instrumental.
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Hace 4 días
Aplicación de la Directiva de Diligencia debida como ley de nacional de policía a situaciones sujetas a normativa ajena a la UE
La Comisión Europea ha propuesto reformas muy relevantes de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que, entre otras consecuencias, pueden implicar una merma de la seguridad jurídica en la determinación del régimen de responsabilidad civil que les resulta exigible.