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Una reflexión sobre cómo la singularidad del know how puede hacer ineficientes los contratos de franquicia

Es una pena que se lleve el recurso por infracción procesal, porque queda en la sombra una de las cuestiones MÁS DIFICILES relativa a la solidaridad y la transacción.

En su Sentencia 493/2025, de 25 de marzo, el Tribunal Supremo repasa los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un seguro múltiple y, por tanto, para que resulte aplicable el artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguro.

Interpretación reductora, pero razonable, del artículo 650.1 TRLCon

Algunos debates internos en las Salas del Tribunal Supremo se reflejan posteriormente en la redacción de la tesis mayoritaria y del voto particular. Es el caso de la Sala de lo Social en una importante decisión sobre la reclamación de intereses por la demora en la concesión y pago prestacional, que se salda negando la obligación de la Administración de abonar intereses. El asunto deriva de las antiguas reclamaciones de varones por el cobro del complemento de maternidad por aportación demográfica, pero, a buen seguro, seguirá planteándose, a la vista de la reciente decisión de la doctrina europea sobre el complemento para la reducción de la brecha de género.

La Dirección General confirma que la obligación de las sociedades participantes en una modificación estructural de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se refiere únicamente a las obligaciones de carácter estatal, no siendo necesario acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter autonómico y local.

Boletín trimestral elaborado por el Área Mercantil de Gómez-Acebo & Pombo que incluye trabajos de análisis, comentarios de jurisprudencia y notas o reseñas sobre práctica societaria en materias de interés para nuestros clientes.

La pérdida de negocio deberá ser el lucro cesante de un daño material, pero no hay cobertura independiente

De creación jurisprudencial, la garantía de indemnidad alcanza ahora un régimen jurídico específico en la Ley Orgánica de Derecho del Defensa. Las personas trabajadoras podrán ejercer esta garantía ante las consecuencias desfavorables por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales. Aunque ya existía este reconocimiento, la exigencia de derivar en una reclamación judicial restringía una aplicación que, ahora, parece ampliarse.