Lourdes López sobre la exclusión de la protección del derecho europeo de quienes simultanean funciones estatutarias y laborales dentro de la empresa | Diario La Ley

Una deficiente sentencia para un problema hasta ahora irresuelto en el cártel de los camiones. Las excepciones oponibles en el seno de una responsabilidad solidaria.

El trabajo analiza críticamente la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo del 2026 que aplica la prohibición de asistencia financiera a un supuesto de venta de autocartera con pago aplazado a los socios propios accionistas de la sociedad asistente.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Odabal, el Tribunal Supremo fija, entre otros criterios, que la contratación temporal abusiva de personal laboral por parte de las Administraciones Públicas no permite adquirir fijeza sin superar un procedimiento de acceso al empleo público porque vulneraría la Constitución española.

No importa la calificación civil o mercantil de este contrato

La Dirección General de Tributos analiza cómo afecta al mantenimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 para aplicar la exención de empresa familiar el hecho de que uno de los miembros del grupo familiar que venía ejerciendo funciones directivas retribuidas en una sociedad operativa aporte sus participaciones en ella a su entidad holding, siendo ésta la que asuma las citadas funciones tras la aportación.

El Tribunal de Justicia, en el asunto Stellantis Portugal, confirma que un ajuste de precios de transferencia destinado a garantizar un determinado margen de beneficios, aun cuando en su cálculo se tengan en cuenta parcialmente determinados costes de reparación o garantía, no permite concluir necesariamente que exista una prestación de servicios independiente sujeta al impuesto sobre el valor añadido. Los elementos determinantes son la existencia de una relación jurídica con prestaciones recíprocas y un vínculo directo entre el servicio identificable y la contraprestación percibida.

A diferencia de lo que ocurre en las ejecuciones judiciales, en las administrativas la anotación preventiva de embargo no puede garantizar deudas posteriores de vencimientos periódicos, aunque sea por el mismo concepto que las ya anotadas.

Es válida una compraventa celebrada por una sociedad antes de su inscripción registral, aplicando la doctrina de la ratificación tácita que reconoce eficacia contractual a las sociedades en formación frente a terceros.