Pedro Vilarinho Pires sobre la deliberación que podría alejar a Huawei del 5G | Observador

El Tribunal Supremo (STS 1013/2026, de 24 de junio) ha considerado que la parte de un crédito privilegiado especial que no ha podido ser satisfecha con la realización del bien o derecho afecto queda sometida, si es clasificada como crédito ordinario, a la quita que se hubiera pactado en un convenio ya cumplido íntegramente.

Los «beneficios propios de la explotación» del artículo 128.1 LSC equivalen al resultado de explotación ordinario de la sociedad, excluyendo los activos por impuesto diferido de la liquidación del usufructo de acciones.

Resoluciones de la sala de supervisión regulatoria del consejo de la CNMC sobre incumplimiento por diversos influencers de sus obligaciones profesionales como usuarios de especial relevancia en cuanto a la identificación de la publicidad por los espectadores, de contenidos perjudiciales para menores y reglas específicas de publicidad de los medicamentos.

Se transpone la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles añadiendo algunas obligaciones empresariales de información que ya recogía el ordenamiento laboral. Afecta a todas las empresas y a todas las relaciones laborales de más de cuatro semanas de duración.

La sentencia, en la línea de las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas en este asunto, proporciona interesantes conclusiones en la interpretación de la relación entre el procedimiento de insolvencia universal y los territoriales.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

En contra de la doctrina establecida para los abogados sobre la prohibición de establecer baremos de honorarios, los jueces de Valladolid y Bilbao han fijado los baremos de honorarios a percibir por las costas de los pleitos en materia de prácticas bancarias ilegales

Supreme Court judgment no. 1189/2026 resolves a case involving an action for damages arising from acts of unfair competition affecting the public interest (Art. 7 LDC 1989, now Art. 3 of the Competition Act). The Supreme Court clearly establishes that these acts do not constitute antitrust violations in the strict sense (Arts. 1 and 2 of the LDC), but rather acts of unfair competition subject to the provisions of the Competition Act. Consequently, neither the favourable provisions of the Damages Directive nor Title VI of the Competition Act apply, and such actions are excluded from the five-year limitation period.

El control judicial de la decisión del registrador (o de la correspondiente resolución de la DGSJFP) de nombrar experto independiente a los efectos del artículo 353 LSC se contrae a determinar si el registrador mercantil ha actuado de manera correcta al designar al experto (sin que proceda en aquella sede valorar la existencia del derecho de separación o las circunstancias de su ejercicio).