Ranking del tercer trimestre de 2022 | El Confidencial

La obligación de propiciar ajustes razonables en el puesto de trabajo para las personas con incapacidad permanente adquiere ahora una relevancia nueva al desaparecer como causa de extinción automática del contrato de trabajo. Porque ahora, salvo voluntad en contra del trabajador, la empresa dispone de tres meses para efectuar dichos ajustes u ofrecer la vacante de un puesto adecuado. Deberá justificar su negativa en la carga excesiva que supone para la empresa enfrentándose de lo contrario, no sólo al incumplimiento legal con las consecuencias debidas, sino al mantenimiento de la relación laboral, también con todas sus consecuencias.

Se expone un nuevo hito judicial confirmatorio de una doctrina ya asentada

Resumen de novedades legislativas y jurisprudenciales relativas al sector de la Automoción.

Interpretación del artículo 59 del Real Decreto-Ley 19/2018, de servicios de pago

La Directiva 2025/794, de 14 de abril, modifica las Directivas 2022/2464 (CSRD) y 2024/1760 (CS3D) para aplazar en dos años la obligación de elaborar el informe de sostenibilidad: de los ejercicios que comienzan el 1 de enero de 2025 al 2027 y para las obligadas a partir del 2026, al 2028. En el caso de la CS3D se aplaza un año la fecha de transposición, se simplifican los supuestos de aplicación escalonada y se demora un año su aplicación respecto a la fecha actual en función del tamaño y número de trabajadores de la empresa.

Se trata de un supuesto singular de reviviscencia de un contrato previamente extinguido por un pago, que ahora se rescinde

El plazo de ejercicio de la acción de nulidad contractual por dolo o error es un plazo de caducidad de cuatro años, que contarán desde la consumación del contrato. En cuanto a los contratos financieros (no necesariamente de inversión), la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya muy abundante, consagra varias reglas (que se exponen en este análisis), entre las que no hay, a poco que se reflexione, consistencia interna.

El Real Decreto Ley 4/2025, de 8 de abril recupera la «moratoria contable» del cómputo de las pérdidas causadas por el COVID-19 en los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2025 y, en consecuencia, da un nuevo plazo para la reformulación (y aprobación) de las cuentas ya formuladas con anterioridad a la entrada del real decreto ley el 9 de abril del 2025.

Se han publicado en el DOUE seis Reglamentos delegados que completan el Reglamento de mercados de criptoactivos (MiCA) del 2023 y permiten su completa aplicación.