Nominaciones II edición Premios El Confidencial Jurídico

La Directiva 2026/804, de 30 de marzo, modifica la Directiva de 2014 sobre sistemas de garantía de depósitos en entidades de crédito. Amplía el elenco de depositantes cubiertos por, en España, el fondo de garantía de depósitos y permite el uso de los fondos en el marco de medidas preventivas y de resolución de entidades de crédito. Habrá de modificarse el derecho español en consecuencia.

La reciente Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, ha operado una modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que incide de manera directa sobre el ámbito objetivo del recurso especial en materia de contratación, ampliando los tipos contractuales y actos administrativos susceptibles de impugnación.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

El motivo es un caso real ligeramente modificado y ampliado a todas las formas posibles de concurrencia.

Administrative modernisation, major infraestructure projects, defence and energy transition in the new cycle of Portuguese public law.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de febrero.

La Sentencia Remling (24 de marzo de 2026) exige que los órganos que resuelven en última instancia analicen si procede elevar una cuestión prejudicial cuando una parte invoque Derecho de la Unión y, si deciden no hacerlo, expongan la razones que justifican la concurrencia de una de las excepciones CILFIT. Esta doctrina está llamada a incidir en las providencias sucintamente motivadas de inadmisión del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya fórmula parece insuficiente cuando en el recurso se suscite una cuestión del Derecho de la Unión.

La reciente Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2025 ha estimado una demanda de error judicial contra un auto en el que se ejecutaba una sentencia anterior relativa a la liquidación de un contrato administrativo. El Tribunal Supremo considera que el auto impugnado se aparta de la sentencia que ejecuta y aplica una norma distinta de la que corresponde a efectos de cálculo de los intereses de demora y declara el error judicial de la resolución.