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Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado a Incus Capital en la estructuración y conformación de un consorcio con Reolum
Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado a Incus Capital en la estructuración y conformación de un consorcio con Reolum para el diseño, financiación y desarrollo de una planta de biomasa de 49,9 MW en los antiguos terrenos de la Central Térmica de La Robla (León). El consorcio conformado por ambas empresas ha resultado adjudicatario de 46,1 MW en la tercera subasta de energía convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) celebrada a finales de octubre de 2022 a un precio de 106,25€/MWh.
Incus Capital es una firma de asesoramiento y gestión de capital riesgo e inversiones fundada en 2012 que asesora a fondos de inversión en oportunidades de activos inmobiliarios y deuda en el sur de Europa. La compañía gestiona activos por valor de más de 2.000 millones de euros. Por su parte, Reolum es una empresa especializada en el desarrollo integral de proyectos de energías renovables, principalmente energía eólica, solar y biomasa, fundada y liderada por un equipo con más de 20 años de experiencia que ha desarrollado más de 7GW en diferentes tecnologías.
El equipo de GA_P ha sido liderado por Borja Carvajal, socio de Público y Regulatorio, y ha estado conformado por: Carolina Orri, Javier Reyna y Marta del Toro, asociados de Mercantil, Fernando Trigo, Manuel Ramos y Álvaro Obregón, asociados de Público y Regulatorio y Oliver Padilla y John Galilea, asociados de Fiscal.
Incus Capital es una firma de asesoramiento y gestión de capital riesgo e inversiones fundada en 2012 que asesora a fondos de inversión en oportunidades de activos inmobiliarios y deuda en el sur de Europa. La compañía gestiona activos por valor de más de 2.000 millones de euros. Por su parte, Reolum es una empresa especializada en el desarrollo integral de proyectos de energías renovables, principalmente energía eólica, solar y biomasa, fundada y liderada por un equipo con más de 20 años de experiencia que ha desarrollado más de 7GW en diferentes tecnologías.
El equipo de GA_P ha sido liderado por Borja Carvajal, socio de Público y Regulatorio, y ha estado conformado por: Carolina Orri, Javier Reyna y Marta del Toro, asociados de Mercantil, Fernando Trigo, Manuel Ramos y Álvaro Obregón, asociados de Público y Regulatorio y Oliver Padilla y John Galilea, asociados de Fiscal.
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Gómez-Acebo & Pombo
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El Tribunal Constitucional reitera la competencia estatal sobre la suspensión de suministros energéticos por impago
La STC 42/2026 declara inconstitucionales los arts. 6.4 y 9.4 de la Ley catalana 24/2015, en cuanto condicionaban la suspensión del suministro de electricidad y gas a un informe previo de servicios sociales, y reitera la doctrina constitucional sobre la competencia estatal para fijar el régimen básico de suspensión de suministros energéticos frente a la reiteración normativa autonómica en materia de pobreza energética.
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Las propuestas del VIII paquete ómnibus de simplificación de la legislación ambiental: medidas en materia de emisiones industriales y evaluación ambiental
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Publicado el Real Decreto 530/2026, de 24 de junio, por el que se establece el marco de las convocatorias para el otorgamiento del régimen retributivo específico a instalaciones de cogeneración.
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Farma & Salud N.º 49
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Conclusiones sobre el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas: equilibrio entre la norma nacional y la justicia europea
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Odabal, el Tribunal Supremo fija, entre otros criterios, que la contratación temporal abusiva de personal laboral por parte de las Administraciones Públicas no permite adquirir fijeza sin superar un procedimiento de acceso al empleo público porque vulneraría la Constitución española.
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La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2026, aborda una cuestión de gran interés en materia de contratación pública: si, para indemnizar los gastos generales soportados por el contratista como consecuencia de la mayor duración de una obra imputable a la Administración, resulta imprescindible acreditar de forma fehaciente su importe exacto o si, por el contrario, cabe acudir a criterios porcentuales de cuantificación. El Tribunal Supremo opta por una solución intermedia: exige que el daño sea real y quede acreditado, pero admite que, cuando su exacta cuantificación no resulte posible, pueda utilizarse un método porcentual debidamente motivado.
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Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público
El anteproyecto de Ley se refiere a la nueva regulación de la publicidad institucional del sector público en los medios de comunicación y en las plataformas digitales. Y establece, por un lado, la prohibición de recibir ingresos por publicidad del sector público superiores al 35% del importe neto de su cifra anual de negocios, y, por otro, la obligación de transparencia, consistente en la identificación de los dueños de los medios de comunicación y de las personas que pueden ejercer influencia sobre ellos. La verificación y control se atribuye a las Autoridades de Competencia (CNMC o similares de carácter autonómico).