Almudena Arpón de Mendívil reúne a a la embajadora de EEUU y a juristas españolas para impulsar la igualdad en el sector legal | Cinco Días

Los compradores de productos cartelizados están de suerte ante el Tribunal Supremo. Su cifra indemnizatoria no se calcula como en el resto de los pleitos de responsabilidad civil.

El Tribunal Supremo decide que las reglas de atribución de derechos entre nudo propietario y usufructuario de acciones son dispositivas y el título constitutivo puede disponer otra cosa

Resulta discriminatorio invadir el derecho a la intimidad del trabajador cuando la empresa inquiere, a modo de interrogatorio, sobre la duración y la causa de la baja médica en una reunión a la que el trabajador nunca debió ser convocado, lo que revela que la incapacidad era molesta para la empresa.

No es posible la aportación de rama de actividad con valor neto cero en una ampliación de capital, si bien es una transmisión con causa que puede efectuarse como aportación al patrimonio de la sociedad y sin contraprestación (como aportación a fondos propios de la cuenta 118 PGC), debiendo expresarse con claridad en la escritura el concepto en el que se efectúa la aportación.

El trabajo analiza críticamente la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo del 2026 que aplica la prohibición de asistencia financiera a un supuesto de venta de autocartera con pago aplazado a los socios propios accionistas de la sociedad asistente.

No importa la calificación civil o mercantil de este contrato

Es válida una compraventa celebrada por una sociedad antes de su inscripción registral, aplicando la doctrina de la ratificación tácita que reconoce eficacia contractual a las sociedades en formación frente a terceros.

El Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid, siguiendo doctrina jurisprudencial previa, han recordado que actúa en contra de la buena fe quien, siendo parte en un pacto parasocial omnilateral, impugna un acuerdo social adoptado en cumplimiento de dicho pacto de socios. En el caso, el pacto parasocial preveía la posibilidad de satisfacer los dividendos in natura y el acuerdo impugnado ―que fue adoptado por mayoría en la junta― atribuyó determinados bienes inmuebles a uno de los socios (con su consentimiento) en pago del dividendo que le correspondía.