GA_P asesora a Qualitas Energy en la venta a Sonnedix de una cartera solar de 136MWp

Inscrito en la hoja registral de una sociedad un poder general otorgado a favor de otra sociedad, el nombramiento por esta última de las personas físicas que van a ejercer dicho poder debe inscribirse en la hoja registral de la sociedad poderdante (en la que está inscrito el poder general) y no en la hoja de la sociedad apoderada.

La sutil diligencia que debe emplear la entidad subrogante cuando la entidad financiera subrogada no colabora

Existe un «derecho de información pasiva» que obliga a la empresa a proporcionar a las organizaciones sindicales información que constituye contenido esencial de la libertad sindical, entre otros aspectos, sobre los algoritmos o herramientas de inteligencia artificial. Mas no siempre se trata de una nueva fórmula de fijación de la organización productiva, sino de herramientas más sofisticadas de determinación, que no requerirían información plena sobre su utilización.

La sociedad no puede desconocer el derecho de separación que corresponde a un socio por la falta de distribución de dividendos (art. 348 bis LSC) basándose para ello en una «reformulación» de las cuentas anuales realizada al margen de lo establecido por la normativa contable y que provocó que dichas cuentas pasaran a reflejar pérdidas en lugar de beneficios

En su Sentencia 1177/2025, de 18 de julio, el Tribunal Supremo ha venido a aclarar que los fiadores solidarios del acreditado en una póliza de crédito responden por toda la cantidad adeudada al cierre de la cuenta, con independencia del tratamiento que deban recibir en el concurso del afianzado el crédito representado por el saldo deudor

El plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es, con carácter general, el de tres meses fijado en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, la reciente Sentencia 1724/2025 del Tribunal Supremo señala que para aquellos supuestos en los que lo que se pretende en vía contenciosa es la reclamación del abono del principal y/o intereses de demora derivados de contratos el plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es el de un mes, contemplado en la legislación de contratos del sector público

Al hilo de la Sentencia del Tribunal Supremo 1064/2025, de 2 de julio, se trata un conjunto de cuestiones relativas al seguro de responsabilidad civil del porteador y al seguro de transporte terrestre de mercancías de las que, desde hace tiempo, se han venido ocupando la doctrina y los tribunales.

En ocasiones, los tribunales consideran discriminatorio el complemento «antiabsentismo» al introducir un trato desfavorable ante la incapacidad temporal, bien al remunerar el complemento si es la única baja en el año natural o bien al penalizar la incapacidad temporal recurrente, constituyendo una discriminación por razón de salud.

Esto es, el pago al asegurado de responsabilidad civil no es un pago liberatorio frente al tercer perjudicado