GA_P asesora a Qualitas Energy en la venta a Sonnedix de una cartera solar de 136MWp

El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio 16/2025, mantiene la suspensión de la causa de disolución por pérdidas ya acordada previamente respecto del COVID-19, de forma que, para el ejercicio 2026 no se considerarán las pérdidas empresariales sufridas en los años 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital.

El artículo 56a de la nueva Directiva sobre medicamentos de la Unión Europea introduce un mecanismo que permite a los Estados miembros requerir a los titulares de autorizaciones de comercialización que suministren medicamentos autorizados en su territorio para cubrir las necesidades de sus pacientes. En caso de incumplimiento tras tres años desde el requerimiento, el titular puede perder la protección del mercado en dicho Estado miembro, permitiéndose así la entrada de medicamentos genéricos y biosimilares. No obstante, se prevén excepciones en caso de circunstancias excepcionales e imprevisibles que escapen al control del titular, así como salvaguardas para evitar que la pérdida de protección en un Estado miembro se utilice para eludir el sistema en otros mercados protegidos.

Se mantiene el debate sobre la posible sustitución de una indemnización fija por una indemnización variable en el despido improcedente. Este análisis valora los riesgos para el empleador y también para el trabajador de aprobar una indemnización variable o híbrida.

La Comunicación de la CNMC recoge la nueva metodología que seguirá para el cálculo de las multas a las empresas y a sus directivos. En primer lugar, determinará el tipo sancionador en función del volumen de negocio de la empresa infractora. En segundo lugar, comprobará que se cumpla la proporcionalidad y el carácter disuasorio de la sanción sin sobrepasar el límite legal. Como novedad incluye un apartado sobre el método de cálculo de las multas a los directivos. Estas indicaciones sustituyen a las de 2018.

La exigencia de audiencia previa por despido no puede derivarse del ámbito del cumplimiento normativo cuando el «Canal de conducta» se desvincula de cualquier actuación laboral, aunque se mencione en la carta de despido como marco referencial o valorativo de la conducta imputada.

La Comisión Europea ha denunciado a España ante el TJUE por la no transposición de la Directiva delegada que actualiza los criterios de clasificación por tamaño de las microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas o grupos.

El Tribunal Supremo reafirma su doctrina según la cual, cuando el contrato de suministro de agua, energía o gas tiene carácter civil, el plazo de prescripción de la acción de reclamación de las cantidades adeudadas será el trienal del artículo 1967.4.ª del Código Civil y no el quinquenal del artículo 1964 de dicho cuerpo legal.

La Sentencia del Tribunal Supremo 156/2026, de 16 de febrero de 2026, declara que constituye una cláusula abusiva predeterminar la facturación electrónica en los contratos con consumidores, aunque estos puedan optar por la factura en papel en el momento del contrato o con posterioridad.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de febrero.