Javier Vinuesa habla sobre las Socimis | Expansión

El criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo en los casos en que se solicita la adopción de una medida cautelar consistente en la extensión de la suspensión a la vía jurisdiccional es el de preservar la potestad cautelar propia del juez, pero exigiendo que éste, al ponderar los intereses en conflicto, valore que la deuda se haya suspendido ex lege con una garantía suficiente que extienda expresamente sus efectos a la vía contencioso-administrativa, así como que la Administración tributaria no haya probado que la demora en el ingreso de la deuda tributaria pueda causar un perjuicio a los intereses generales.

El Tribunal Económico-Administrativo Central unifica criterio y determina que, en aquellos supuestos en los que lo obtenido por la venta de una vivienda privativa se reinvierte en otra que se adquiere «en gananciales o para la sociedad de gananciales», solo se considerará reinvertido el importe destinado a sufragar el 50 % del valor de adquisición de la nueva vivienda.

La Dirección General de Tributos analiza dos aspectos relativos a la tributación en el IVA de las promociones inmobiliarias built to sell y built to rent. Así, examina en primer lugar el tratamiento de la construcción de viviendas para arrendarlas con opción de compra y, en segundo lugar, las consecuencias derivadas del cambio de destino de los inmuebles desde su transmisión proyectada al arrendamiento, con especial atención a sus efectos sobre el derecho a la deducción del impuesto soportado.

En definitiva, no hay acrecimiento horizontal, sino adquisición por el Estado de los bienes vacantes.

La Dirección General de Tributos analiza si la reducción sobrevenida del precio de transmisión de una unidad productiva —cuando parte de la contraprestación estaba sujeta al cumplimiento de objetivos futuros— obliga a rectificar la autoliquidación del ejercicio en que se declaró inicialmente el ingreso o si, por el contrario, debe reconocerse fiscalmente en el período en que se constata la pérdida del derecho a percibir la parte contingente del precio.

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos inadmite la demanda presentada en el asunto Arancedis S. L. contra España por vulneración del derecho a un proceso equitativo ante la falta de agotamiento de los recursos internos y pone de manifiesto la importancia de identificar correctamente la instancia judicial donde nace la lesión de los derechos fundamentales, ya que una determinación errónea puede imposibilitar el acceso al recurso de amparo.

Esto equivale a sostener que la «personalidad jurídica» no es el último ni el único criterio para conseguir la imputación jurídica unitaria a los grupos