Juan Ignacio Romero forma parte del panel de expertos encargado de analizar la Ley Orgánica 1/2025 | El Confidencial

En los últimos años y a raíz de la proliferación de supuestos en los que se producen prestaciones contractuales sin la adecuada cobertura contractual, la Jurisprudencia ha venido señalando que para el devengo de intereses de demora es precisa la previa convalidación del gasto. Sin embargo, dos recientes Sentencias del Tribunal Supremo han puesto de relieve un cambio de tendencia al menos en lo relativo a la prestación de servicios fuera de los márgenes el contrato público, considerando que cuando éstos son recibidos por la Administración sin oponerse a ello y sin advertir al contratista de la necesaria convalidación del gasto para el devengo de intereses de demora, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público en lo concerniente al pago y el devengo de intereses.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

Se analiza la Sentencia del Tribunal Supremo 5938/2024, que reitera su doctrina sobre el plazo de pago y el devengo de intereses de demora en contratos públicos. Esta doctrina, que mantiene un plazo general de sesenta días, plantea dudas de compatibilidad con la Directiva 2011/7/UE y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha renovado el Registro de operadores de telecomunicaciones para adaptarlo a la evolución tecnológica, reduciendo el número de denominaciones de 26 a 12

La nueva Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario contiene novedosas regulaciones en materia de cadena alimentaria junto a múltiples reformas legales (complementarias o no).

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de abril.

Es habitual, sobre todo en el ámbito de las Corporaciones locales, el recurso a los contratos de consultoría y de servicios para desarrollo, por una empresa privada, de labores de asistencia en la elaboración o actualización de relaciones de puestos de trabajo. Sin embargo, el grado de intervención privada en la decisión que finalmente adopte la Administración contratante es esencial a los efectos de verificar si ha operado alguna suerte de dejación o delegación de funciones públicas.

La Sentencia 316/2025 del Tribunal Supremo supone un punto de inflexión en intensa litigiosidad que afecta a los proyectos eólicos en Galicia. El tribunal reitera su doctrina sobre el trámite de información pública y precisa que el hecho de que varios parques compartan infraestructuras de evacuación no determina, por sí solo, la existencia de un único proyecto a efectos ambientales, como venía sosteniendo el TSJ de Galicia.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.