Contratación pública N.º 194
La reciente Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2026 fija doctrina casacional sobre las consecuencias económicas de la continuación forzosa, impuesta por la Administración, de un contrato de servicios una vez agotado su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, mientras se tramita la licitación de un nuevo contrato. El Tribunal Supremo concluye que, cuando ni el contrato ni la legislación vigente en ese momento prevén esa continuación forzosa, los daños y perjuicios derivados de la prolongación obligada de la prestación deben ser asumidos por la Administración, atendiendo al precio real del servicio en el momento en que se prestó, y no a las condiciones económicas de un contrato ya extinguido.

¡NUEVO!
José Luis Palma