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Publicaciones destacadas
Litigación Tributaria
Las autoliquidaciones no son actos administrativos presuntos susceptibles de revisión por nulidad de pleno derecho
El Tribunal Supremo confirma que las autoliquidaciones firmes por transcurso del plazo de prescripción no son actos administrativos ni generan actos presuntos por falta de actuación de la Administración, sin que puedan ser objeto del procedimiento excepcional de revisión del artículo 217 de la Ley General Tributaria. Las autoliquidaciones son actos de colaboración del contribuyente cuya única vía de impugnación es su rectificación en plazo a través del procedimiento del artículo 120.3 de la Ley General Tributaria, sin que ello suponga una lesión del principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea.
Litigación Tributaria
La doble imposición derivada de la regularización de existencias por la Inspección puede corregirse mediante la autoliquidación rectificativa del periodo siguiente
En la resolución de 25 de marzo del 2026 el Tribunal Central considera que no es coherente entender que el ajuste favorable a los intereses de la Administración derivado de la regularización de las existencias en un ejercicio deba realizarse como ajuste fiscal y que su eliminación deba realizarse como ajuste contable. Así, reconoce el derecho del contribuyente a rectificar la autoliquidación del ejercicio siguiente para corregir el efecto de la doble imposición y cumplir la regularización íntegra a la que está obligada la Administración tributaria.
Litigación Tributaria
El consentimiento del obligado tributario para la entrada en domicilio constitucionalmente protegido
Las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2026 (rec. núm. 7609/2023) y 12 de marzo de 2026 (rec. núm. 8616/2023) refuerzan las garantías de los contribuyentes en materia de inviolabilidad del domicilio, al exigir que el consentimiento para la entrada inspectora en domicilio constitucionalmente protegido sea verdaderamente libre e informado, sin que baste la entrega de un anexo informativo que no advierta expresamente del derecho a negar o revocar dicho consentimiento.
Litigación Tributaria
Validez de la comprobación de valores basada en la tasación hipotecaria
Conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, en aquellos casos en los que exista una tasación hipotecaria reciente e incorporada a la escritura de préstamo con una divergencia relevante sobre el valor declarado, el inicio de una comprobación de valores sobre la base de dicha tasación sería válido y la motivación de la propuesta adecuada, si se incorpora el certificado de tasación. En este escenario, el estándar probatorio requerido al contribuyente para enervar dicha valoración se eleva y se precisa.
Litigación Tributaria
Sobre la constitucionalidad del valor de referencia y las cuestiones de prueba
La Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2026, de 12 de febrero, ha declarado la conformidad del valor de referencia con el principio de capacidad económica al constituir un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales que cuenta con una justificación razonable y suficiente desde el punto de vista constitucional, y al posibilitar la estimación directa de las bases imponibles.
Litigación Tributaria
Prescripción, responsabilidad tributaria y ausencia de normas transitorias
El Tribunal Supremo establece que, en ausencia de normas transitorias, considerando la presunción de irretroactividad ex artículo 9.3 de la Constitución, el principio de seguridad jurídica y la aplicación supletoria del artículo 1939 del Código Civil, debe aplicarse la redacción del artículo 67.2 de la Ley General Tributaria previa a la vigencia de la Ley 7/2012 en los casos en que los hechos que constituyen el presupuesto de la responsabilidad del artículo 42.2a de la Ley General Tributaria se producen antes de la entrada en vigor de esta ley, pero el procedimiento de declaración de la responsabilidad se inicia y tramita con posterioridad.
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Sobre el momento preclusivo para denunciar el carácter abusivo de una cláusula contractual en el proceso de ejecución hipotecaria
En los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 (la generalidad de los que, en la actualidad se encuentran pendientes), el procedimiento concluye definitivamente, a los efectos de la doctrina constitucional sobre el control de la abusividad, con la firmeza del decreto de adjudicación del bien inmueble ejecutado.
¡NUEVO! 
Faustino Cordón
El uso descriptivo de marcas ajenas como límite al derecho de marca (STS 485/2026, de 30 de marzo)
¡NUEVO!
Ángel García Vidal
El uso descriptivo de marcas ajenas como límite al derecho de marca (STS 485/2026, de 30 de marzo)
¡NUEVO!
Ángel García Vidal
El «Greening Freight Transport Package» de la UE: la revolución verde del transporte de mercancías ya tiene fecha en el calendario legislativo
La Unión Europea avanza a paso firme en la tramitación de un ambicioso paquete normativo que transformará el transporte de mercancías en Europa. Las empresas del sector logístico, ferroviario y de transporte por carretera deben prepararse para un nuevo marco regulatorio que prioriza la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de infraestructuras ferroviarias.
¡NUEVO!
Miguel Ángel García Otero
El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el silencio administrativo en el sector eléctrico: «servicio público» y «servicio de interés económico general»
La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril del 2026 delimita el concepto de servicio público del artículo 24.1 de la Ley 39/2015 como excepción al doble silencio. Distingue esa noción de la de servicio de interés económico general aplicable en ámbitos liberalizados como el del suministro eléctrico. Con ello, concluye que en la autorización de cierre de una planta de ciclo combinado opera el doble silencio con efecto estimatorio.
¡NUEVO!
Blanca Lozano
Dos precisiones sobre la interrupción de la prescripción de la acción civil por la incoación de un proceso penal
El hecho de que el proceso penal se haya dirigido contra personas indeterminadas e incluso distintas de aquella contra quien se ejercite la acción civil no impide el efecto interruptivo de la prescripción. Asimismo, no es aceptable condicionar este efecto interruptor a la presentación de la denuncia en los casos en que sea presupuesto objetivo de procedibilidad penal.
¡NUEVO!
Faustino Cordón
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