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NOTICIA
GA_P asesora a Impax en la venta a Sonnedix de una planta fotovoltaica operativa (COD) de 36 MW
Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado al fondo Impax Asset Management en la venta a Sonnedix de la sociedad Fraile Hive, S.L., titular de una planta de 36 MWp ubicada en Herencia, Ciudad Real y en estado operativo (ha alcanzado recientemente la Commercial Operation Date -COD-).
Impax Asset Management, con sede en Reino Unido, adquirió los derechos de este proyecto en 2019 y ha desarrollado el proyecto hasta la fecha. La planta fotovoltaica Fraile de 36 MWp está ubicada en Herencia, Ciudad Real, y se espera que genere 78 GWh de electricidad limpia durante su primer año de funcionamiento.
El Equipo GA_P que ha asesorado en la operación ha estado formado por: Pablo Fernández Cortijo, socio; Diego Martínez Colino, Saray López Lindo, Laura Rey Escribano y Samara Schaar, asociados, del equipo de Mercantil/M&A, Cristina Matia y Paula García Cuevas, asociadas de Público y Regulatorio; Natalia Lastres y Sofía Inés Saénz de Valluerca, Of Counsel y asociada de Inmobiliario; y Remedios García Gómez y Ángela Atienza, Of Counsel y asociada de Fiscal.
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Impax Asset Management, con sede en Reino Unido, adquirió los derechos de este proyecto en 2019 y ha desarrollado el proyecto hasta la fecha. La planta fotovoltaica Fraile de 36 MWp está ubicada en Herencia, Ciudad Real, y se espera que genere 78 GWh de electricidad limpia durante su primer año de funcionamiento.
El Equipo GA_P que ha asesorado en la operación ha estado formado por: Pablo Fernández Cortijo, socio; Diego Martínez Colino, Saray López Lindo, Laura Rey Escribano y Samara Schaar, asociados, del equipo de Mercantil/M&A, Cristina Matia y Paula García Cuevas, asociadas de Público y Regulatorio; Natalia Lastres y Sofía Inés Saénz de Valluerca, Of Counsel y asociada de Inmobiliario; y Remedios García Gómez y Ángela Atienza, Of Counsel y asociada de Fiscal.
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Abogado mencionado
Pablo Fernández Cortijo – Socio
Diego Martínez Colino – Socio
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Operación
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Gómez-Acebo & Pombo
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¡NUEVO!
El tratamiento fiscal del carried interest en las entidades de capital-riesgo: ¿menor valor de transmisión o gasto de gestión?
La Audiencia Nacional aborda el tratamiento fiscal de la comisión de éxito (carried interest) satisfecha por una entidad de capital-riesgo a su sociedad gestora con ocasión de la transmisión de participaciones, y dirime si constituye un coste directamente asociado a la operación de venta —que minora la plusvalía obtenida sobre la que se aplica la exención prevista actualmente en el artículo 50 de la Ley 27/2014— o si, por el contrario, se trata de un gasto de gestión ordinario deducible de forma independiente.
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¡NUEVO!
La cláusula antiabuso de la directiva matriz-filial es aplicable, aunque la sociedad receptora de los dividendos sea su beneficiaria efectiva y no sea una entidad instrumental
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite denegar la exención de retención sobre dividendos cuando forman parte de una cadena de operaciones abusivas, aunque la sociedad matriz que los percibe lleve a cabo una actividad económica real y sea su beneficiaria efectiva. La existencia de una estructura abusiva puede apreciarse atendiendo a operaciones realizadas en otros Estados miembros durante un periodo prolongado y no exige que la filial que distribuye el dividendo conozca el abuso, siempre que se acredite el elemento subjetivo en alguno de sus participantes.
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¡NUEVO!
Análisis de la evolución del criterio administrativo sobre la aplicación de deducciones no consignadas en el ejercicio de su generación
Analizamos la evolución del criterio administrativo sobre la aplicación en ejercicios posteriores de las deducciones no consignadas en el período de su generación, advirtiendo de los cambios experimentados al respecto por la doctrina de la Dirección General de Tributos y del Tribunal Económico-Administrativo Central, así como de las cuestiones que este tema suscita desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la confianza legítima de los contribuyentes.
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Condiciones para rescindir un pago debido realizado antes del concurso
El Tribunal Supremo vuelve a perfilar su doctrina sobre cuándo pueden rescindirse estos pagos por perjuicio para la masa activa del concurso
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Hace 6 días
Contratación pública N.º 194
La reciente Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2026 fija doctrina casacional sobre las consecuencias económicas de la continuación forzosa, impuesta por la Administración, de un contrato de servicios una vez agotado su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, mientras se tramita la licitación de un nuevo contrato. El Tribunal Supremo concluye que, cuando ni el contrato ni la legislación vigente en ese momento prevén esa continuación forzosa, los daños y perjuicios derivados de la prolongación obligada de la prestación deben ser asumidos por la Administración, atendiendo al precio real del servicio en el momento en que se prestó, y no a las condiciones económicas de un contrato ya extinguido.
Litigación Tributaria
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El Tribunal Supremo reitera la exigencia de una motivación reforzada para denegar la extensión a la vía jurisdiccional de la suspensión de una deuda tributaria previamente concedida en la vía administrativa
El criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo en los casos en que se solicita la adopción de una medida cautelar consistente en la extensión de la suspensión a la vía jurisdiccional es el de preservar la potestad cautelar propia del juez, pero exigiendo que éste, al ponderar los intereses en conflicto, valore que la deuda se haya suspendido ex lege con una garantía suficiente que extienda expresamente sus efectos a la vía contencioso-administrativa, así como que la Administración tributaria no haya probado que la demora en el ingreso de la deuda tributaria pueda causar un perjuicio a los intereses generales.
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28 Oct, 2026
Acceso público a los datos registrales de los socios minoritarios de una sociedad de capital (STJUE, Sala Primera, de 3 de septiembre del 2026; as. C-798/24 [Jautiva])
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el marco de una cuestión prejudicial, ha examinado si se opone al Derecho de la Unión una normativa nacional que obliga a poner a disposición del público datos personales de los socios (incluso de los minoritarios) de una sociedad anónima cuando el acceso a dichos datos no está supeditado a ningún requisito, por ejemplo, la acreditación de un interés legítimo.