GA_P asesora a Hanwha Energy en la venta a Amarenco de una planta fotovoltaica de 50MW

El Tribunal Supremo entiende que la estimación total o en parte de las pretensiones ejercitadas contra el mismo demandado, a los efectos de la condena en costas, viene referida a la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda, sin que pueda distinguirse en función de cuál de los demandantes está realmente interesado en unas u otras pretensiones

El Real Decreto 214/2025 no crea un nuevo registro, como parece indicar su título, sino que mantiene y amplía el existente desde 2014. Su verdadera novedad es la imposición a determinadas empresas y entidades públicas de la obligación de calcular su huella de carbono, elaborar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de proceder a su publicación. La escueta regulación del real decreto suscita algunas dudas interpretativas.

Los perjuicios del pishing los paga el banco, no el cliente Primera sentencia del TS sobre una materia muy debatida en jurisprudencia de primera instancia y no correctamente regulada en la normativa de servicios de pago

La calificación de la acción determina la norma de competencia judicial o del Derecho aplicable que debe ser utilizada en cada caso concreto. En el caso de los reglamentos europeos sobre estas materias, los criterios que se han de utilizar son autónomos, están establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pueden diferir de los utilizados en la aplicación de las normas de fuente estatal.

La Audiencia Nacional determina cómo ha de determinarse el valor de adquisición de las participaciones de una empresa familiar cuando, tras su donación, la Administración entendió que se incumplieron los requisitos previstos en el artículo 20.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la aplicación de la reducción del 95% del impuesto sobre sucesiones y donaciones

La pérdida de negocio deberá ser el lucro cesante de un daño material, pero no hay cobertura independiente

De creación jurisprudencial, la garantía de indemnidad alcanza ahora un régimen jurídico específico en la Ley Orgánica de Derecho del Defensa. Las personas trabajadoras podrán ejercer esta garantía ante las consecuencias desfavorables por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales. Aunque ya existía este reconocimiento, la exigencia de derivar en una reclamación judicial restringía una aplicación que, ahora, parece ampliarse.

Para determinar si una fusión tiene por objeto la adquisición de sociedades que mantienen un negocio, se debe evaluar si el conjunto de activos y actividades adquiridos incluye, como mínimo, un recurso económico y un proceso sustantivo que, de forma conjunta, contribuyan significativamente a la entrega de bienes o la prestación de servicios a los clientes. Con objeto de facilitar el proceso de calificación, se puede realizar un análisis simplificado conocido como la «prueba de concentración» que verifica si sustancialmente todo el valor razonable de los activos «adquiridos» en la fusión, está concentrado en un solo activo o grupo de activos similares.

Un nuevo Acuerdo del Tribunal Supremo, establece el formato y los límites de los escritos de formalización e impugnación de los recursos de casación, que habrán de ir precedidos por una carátula «resumen», disponible en la web del CGPJ. Todo ello será aplicable en el plazo de veinte días.