La reducción del plazo de autorización debería servir para agilizar procesos | Capital & Corporate

El procedimiento para el nombramiento judicial de árbitro se tramita por el cauce del juicio verbal y no está expresamente excluido por el legislador del requisito de acudir previamente a los medios adecuados de solución de controversias (MASC).

Introducir de oficio una valoración discrepante de la prueba testifical está expresamente vedado en suplicación, incurriendo, en su caso, en una infracción procesal relevante, hasta el punto de que, sin ella, no se habría producido la estimación del recurso.

La sentencia distingue las vías para oponerse a la eficacia de una sentencia extranjera en España según resulte de aplicación el Reglamento 44/2001 (RBI) o el Reglamento 1215/2012 (RBI bis).

Iniciado el proceso cambiario, la prescripción se interrumpe y, si se promueve el proceso de ejecución por la falta de pago y de oposición del deudor, la interrupción permanece sin posibilidad de reanudación del cómputo del plazo prescriptivo hasta la completa satisfacción del acreedor.

La sala primera del Tribunal Supremo fija como doctrina que, en los casos en que la solicitud de documentación tiene por objeto preparar un juicio posterior, las diligencias preliminares constituyen el cauce procesal adecuado y exclusivo.

La prórroga de una anotación preventiva de embargo es un trámite procesal exigido por la duración temporal de este tipo de asientos y que no tiene más trascendencia que evitar su caducidad.

La jurisprudencia ha interpretado el artículo 413.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que los efectos de la litispendencia no impiden tomar en consideración hechos íntimamente ligados a los discutidos, posteriores a la demanda o no alegados en los escritos iniciadores en cuanto desplieguen una eficacia complementaria o interpretativa para la integración del objeto del proceso, con arreglo a las circunstancias existentes en el momento de la interposición de la demanda, siempre que no se contravenga la imposibilidad de alterar los hechos fundamentales.

En el exequatur de la resolución de apertura de un procedimiento concursal, no deberían adoptarse medidas cautelares directas contra terceros por el solo hecho de estar vinculados al deudor.

La sentencia, en la línea de las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas en este asunto, proporciona interesantes conclusiones en la interpretación de la relación entre el procedimiento de insolvencia universal y los territoriales.