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La reducción del plazo de autorización debería servir para agilizar procesos | Capital & Corporate
Nuestros socios de Procesal y Arbitraje, Almudena Larrañaga y Luis García del Río analizan los efectos de la modificación gubernamental sobre la regulación de inversiones extranjeras en España, en esta entrevista en el magazine de Capital & Corporate.
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Hace 2 días
Lectura de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, 428/2026, de 24 de junio, sobre la prueba ilícita
El Tribunal Constitucional exige comprobar si entre la prueba ilícita originaria y la prueba posterior existe, además de una relación causal, una conexión de antijuridicidad, determinando si la prueba posterior constituye aprovechamiento constitucionalmente relevante de la vulneración precedente o si, por el contrario, cuenta con una génesis autónoma, procede de una fuente independiente o habría sido alcanzada de manera inevitable por una vía ordinaria y lícita.
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Hace 2 días
Un apunte sobre la exigencia de acuerdo previo de la comunidad de propietarios para el ejercicio de acciones por su presidente
La jurisprudencia ha generalizado la exigencia de la autorización previa, pero la ha interpretado de manera flexible, de forma que lo relevante es que el presidente cuente realmente con el consentimiento de los propietarios afectados, sin que sea preciso un acuerdo formal, siendo suficiente que la autorización derive de las actuaciones.
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Hace 3 días
¿Es posible utilizar el reglamento europeo de retención de cuentas frente a un deudor insolvente?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara algunos extremos relativos a la aplicación del Reglamento por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas en relación con la exclusión de las situaciones en que el deudor había sido declarado insolvente y con los requisitos para emitir la orden de solicitud de información.
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Hace 4 días
No existe un derecho absoluto a la doble instancia en el proceso civil
El derecho a la segunda instancia no existe en todos los procesos y frente a todas las resoluciones, sino que se tiene en los casos y con los requisitos que prevén las leyes procesales
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12 Nov, 2026
¿Cómo se determina dónde se comercializa un producto cuando la ley aplicable depende de ello?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta el artículo 5 del Reglamento Roma II, que no es de aplicación para los tribunales españoles, pero su decisión puede tener alguna influencia en la interpretación que éstos hagan del mismo concepto en relación con el Convenio de La Haya de 1973.
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11 Nov, 2026
Una precisión sobre la terminación anticipada del proceso por carencia sobrevenida de objeto
El efecto de aplicar la carencia sobrevenida se limita a la terminación del recurso, pero sin afectar a la terminación del procedimiento completo ni dejar sin efecto la sentencia definitiva.
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05 Nov, 2026
Un apunte sobre la admisibilidad de la interpretación evolutiva por los tribunales ordinarios
Mediante la interpretación evolutiva el órgano judicial no puede hacer decir a la norma lo contrario de lo que dice, pero puede acudir a la nueva regulación para esclarecer el sentido de la anterior que debe aplicar.
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04 Nov, 2026
Las sanciones no tributarias suspendidas judicialmente no devengan intereses de demora
La Audiencia Nacional, en su Sentencia 467/2026, declara que las sanciones no tributarias impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos no devengan intereses de demora mientras su ejecución esté suspendida cautelarmente en la vía judicial. A diferencia de lo que ocurre con las sanciones tributarias (para las que la Ley General Tributaria prevé expresamente ese devengo), fuera de ese ámbito ningún precepto lo establece, y exigirlo restringiría la eficacia de la tutela cautelar. Además, conforme al Tribunal Supremo, la liquidación de esos intereses puede recurrirse directamente en la vía contencioso-administrativa, sin reclamación económico-administrativa previa.
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04 Nov, 2026
Recordando ideas sobre la interrupción de la prescripción de la acción civil por la incoación de un proceso penal
Es suficiente con que exista una conexión relevante entre los hechos denunciados en una y otra jurisdicción y los efectos interruptivos de la prescripción civil también se producen respecto de personas diferentes a las encausadas en el proceso penal.