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La sentencia, en la línea de las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas en este asunto, proporciona interesantes conclusiones en la interpretación de la relación entre el procedimiento de insolvencia universal y los territoriales.

La obtención de permisos de conexión y acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica por los centros de datos queda condicionada a la acreditación del cumplimiento de los nuevos requisitos asociados a la resiliencia y soberanía digital, a la eficiencia energética e hídrica y a los relativos al uso de energías renovables y a la correlación horaria.

A partir del 5 de junio de 2026 es ya directamente aplicable en los Estados miembros la reforma del régimen europeo de folletos producida por la Listing Act y sus disposiciones de desarrollo.

El Auto del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2026 reconoce que la suspensión cautelar producida por silencio positivo constituye un acto administrativo impugnable, colmando una laguna del artículo 117.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común en las relaciones triangulares. Sin embargo, el auto incurre en una contradicción al aplicar el plazo de dos meses del artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cuando el plazo que se asigna a los actos presuntos estimatorios es el de seis meses.

El nuevo Real Decreto 611/2026 transpone al ordenamiento español diversas directivas de la Unión Europea recientemente modificadas, con el propósito de avanzar en la descarbonización y dar cumplimiento a los objetivos climáticos aplicables al sector del transporte. Fija unos nuevos objetivos de uso de combustibles menos contaminantes y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para España del 2027 al 2040.

En contra de la doctrina establecida para los abogados sobre la prohibición de establecer baremos de honorarios, los jueces de Valladolid y Bilbao han fijado los baremos de honorarios a percibir por las costas de los pleitos en materia de prácticas bancarias ilegales

Porque a partir de hoy van a sufrir las consecuencias del incumplimiento de los contratistas de obra

El carácter fiduciario de la relación de inversión gestionada abona que el banco deba responder de la pérdida de la prenda porque ésta no se habría perdido igualmente si se hubiera cumplido la orden del cliente antes de la resolución de la entidad, pero no por la razón ofrecida por la sentencia.