GAP entre los finalistas de la I Edición de los Premios a la Abogacía de los Negocios | El Confidencial

El Tribunal Económico-Administrativo Central rechaza la devolución del exceso de retención efectuada a efectos del impuesto sobre la renta de no residentes respecto de los dividendos obtenidos en España por un trust grupal estadounidense al no haberse demostrado que sus beneficiarios cumplen las exigencias del convenio para evitar la doble imposición suscrito entre España y Estados Unidos

No hace falta autorización de la Comunidad de Propietarios, aunque afecte a elementos comunes

La sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha 667/2025 declara que el plazo máximo para que la Administración autonómica resuelva el procedimiento de revisión de la autorización ambiental integrada es el de tres meses previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, al no establecer la legislación que rige esta autorización un plazo específico. No resulta aplicable la legislación de aguas, aun cuando la revisión se lleve a cabo a instancia de la Confederación Hidrográfica

Si el empresario hubiera de cumplir una obligación legal o convencional no deberá someterse al procedimiento de modificación sustancial, pero si, a requerimiento de la Inspección, adopta medidas que alteran las condiciones laborales deberá cumplir preceptivamente el procedimiento indicado.

El protocolo, acordado conjuntamente por los Tribunales de Barcelona y Alicante, prevé una tramitación prioritaria de las solicitudes de diligencias preliminares y de comprobación de hechos, así como de las solicitudes de medidas cautelares —con o sin audiencia— en materias de patentes e innovaciones tecnológicas, diseños industriales, marcas y derechos de autor, además de defensa de la competencia, competencia desleal y publicidad ilícita, cuando se refieran a productos o actividades de presentación, exhibición, promoción, ofrecimiento o venta vinculadas al MWC 2026.

La Comisión Europea, en su empeño por potenciar el ahorro privado para la jubilación, pretende modificar, entre otros, los planes paneuropeos de pensiones y los planes de pensiones de empleo, obligando a las empresas a inscribir a sus trabajadores en planes privados (autoenrolment).

El Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de noviembre del 2025, establece como criterio que la omisión o denegación injustificada de la práctica de la prueba solicitada tempestivamente por el contribuyente en el procedimiento tributario sancionador vulnera el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y la presunción de inocencia ―art. 24.2 de la Constitución―), siendo la sanción así impuesta nula de pleno derecho, sin posibilidad de subsanación o convalidación.

El Tribunal Supremo sostiene que el mero conocimiento de que la prescripción se ha interrumpido frente a otro eventual codeudor solidario equivale a interrupción. Esta doctrina no estará justificada en la mayoría de los casos.

Es la segunda vez que lo dice el Tribunal Supremo, y deslegitima el artículo 651.3 TRLCON