XVI Congreso Internacional de Arbitraje | Club Español del Arbitraje

Mediante la interpretación evolutiva el órgano judicial no puede hacer decir a la norma lo contrario de lo que dice, pero puede acudir a la nueva regulación para esclarecer el sentido de la anterior que debe aplicar.

La Audiencia Nacional, en su Sentencia 467/2026, declara que las sanciones no tributarias impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos no devengan intereses de demora mientras su ejecución esté suspendida cautelarmente en la vía judicial. A diferencia de lo que ocurre con las sanciones tributarias (para las que la Ley General Tributaria prevé expresamente ese devengo), fuera de ese ámbito ningún precepto lo establece, y exigirlo restringiría la eficacia de la tutela cautelar. Además, conforme al Tribunal Supremo, la liquidación de esos intereses puede recurrirse directamente en la vía contencioso-administrativa, sin reclamación económico-administrativa previa.

Es suficiente con que exista una conexión relevante entre los hechos denunciados en una y otra jurisdicción y los efectos interruptivos de la prescripción civil también se producen respecto de personas diferentes a las encausadas en el proceso penal.

El deber de motivación establecido en el artículo 37.4 de la Ley de Arbitraje exige que el Tribunal arbitral explique expresamente por qué considera irrelevantes algunas manifestaciones del demandado que le perjudican y que resultan relevantes porque podrían fundamentar un laudo de condena.

Aunque la reintegración posesoria puede apoyarse en títulos de diferente clase, incluidos títulos de carácter meramente personal, carece de sentido calificar como acción personal a la acción ejercida por el propietario de una finca para que se le entregue la posesión cuando para ello invoca el derecho a poseer como una facultad que integra su derecho de propiedad.

Tampoco es posible presentar simultáneamente las pretensiones de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros ante los órganos competentes, que son diferentes, y solicitar la suspensión de la ejecución hasta obtener el reconocimiento.

En un caso atípico, propiciado por la declaración de incompetencia del juez de Nueva York en aplicación de la doctrina del forum non conveniens, se resuelve la cuestión de competencia planteada por el propio demandante.

La subsidiariedad de la revisión se refiere a la necesidad de agotar, como regla general, otros expedientes procesales que permiten revisar lo decidido en sentencia firme; en concreto, el incidente de nulidad de actuaciones y, si procede, la acción de rescisión de sentencia firme dictada en rebeldía.