Las mujeres que más facturan – Cinco Días

El Tribunal Supremo determina que, en los supuestos de custodia compartida, los progenitores que satisfagan anualidades por alimentos en favor de los hijos por decisión judicial podrán aplicar en el mismo período impositivo tanto el mínimo por descendientes del artículo 58 de la Ley 35/2006 como el régimen de anualidades por alimentos previsto en el artículo 64 de dicha norma, todo ello en función del tiempo en que exista convivencia efectiva entre progenitor y descendiente.

La DG incurre en el formalismo de distinguir entre prenda y cesión en garantía, impidiendo el acceso registral sin justificación

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de noviembre.

Mediante la interpretación evolutiva el órgano judicial no puede hacer decir a la norma lo contrario de lo que dice, pero puede acudir a la nueva regulación para esclarecer el sentido de la anterior que debe aplicar.

La Audiencia Nacional aborda el tratamiento fiscal de la comisión de éxito (carried interest) satisfecha por una entidad de capital-riesgo a su sociedad gestora con ocasión de la transmisión de participaciones, y dirime si constituye un coste directamente asociado a la operación de venta —que minora la plusvalía obtenida sobre la que se aplica la exención prevista actualmente en el artículo 50 de la Ley 27/2014— o si, por el contrario, se trata de un gasto de gestión ordinario deducible de forma independiente.

La Audiencia Nacional, en su Sentencia 467/2026, declara que las sanciones no tributarias impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos no devengan intereses de demora mientras su ejecución esté suspendida cautelarmente en la vía judicial. A diferencia de lo que ocurre con las sanciones tributarias (para las que la Ley General Tributaria prevé expresamente ese devengo), fuera de ese ámbito ningún precepto lo establece, y exigirlo restringiría la eficacia de la tutela cautelar. Además, conforme al Tribunal Supremo, la liquidación de esos intereses puede recurrirse directamente en la vía contencioso-administrativa, sin reclamación económico-administrativa previa.

El régimen europeo de los productos sanitarios no establece una autorización administrativa previa de comercialización, sino un sistema de evaluación de la conformidad y marcado CE. Sobre esta base, la Audiencia Nacional descarta la responsabilidad patrimonial de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por los daños ocasionados por un producto defectuoso al considerar que la agencia actuó diligentemente cuando tuvo conocimiento de los incidentes. La resolución plantea cuáles son los límites de las funciones administrativas de control y qué requisitos deben concurrir para apreciar una culpa in vigilando.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite denegar la exención de retención sobre dividendos cuando forman parte de una cadena de operaciones abusivas, aunque la sociedad matriz que los percibe lleve a cabo una actividad económica real y sea su beneficiaria efectiva. La existencia de una estructura abusiva puede apreciarse atendiendo a operaciones realizadas en otros Estados miembros durante un periodo prolongado y no exige que la filial que distribuye el dividendo conozca el abuso, siempre que se acredite el elemento subjetivo en alguno de sus participantes.

Analizamos la evolución del criterio administrativo sobre la aplicación en ejercicios posteriores de las deducciones no consignadas en el período de su generación, advirtiendo de los cambios experimentados al respecto por la doctrina de la Dirección General de Tributos y del Tribunal Económico-Administrativo Central, así como de las cuestiones que este tema suscita desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la confianza legítima de los contribuyentes.