GA_P patrocina el XIV Encuentro Anual del Club Español del Arbitraje -40

Iniciado el proceso cambiario, la prescripción se interrumpe y, si se promueve el proceso de ejecución por la falta de pago y de oposición del deudor, la interrupción permanece sin posibilidad de reanudación del cómputo del plazo prescriptivo hasta la completa satisfacción del acreedor.

La sala primera del Tribunal Supremo fija como doctrina que, en los casos en que la solicitud de documentación tiene por objeto preparar un juicio posterior, las diligencias preliminares constituyen el cauce procesal adecuado y exclusivo.

La prórroga de una anotación preventiva de embargo es un trámite procesal exigido por la duración temporal de este tipo de asientos y que no tiene más trascendencia que evitar su caducidad.

La jurisprudencia ha interpretado el artículo 413.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que los efectos de la litispendencia no impiden tomar en consideración hechos íntimamente ligados a los discutidos, posteriores a la demanda o no alegados en los escritos iniciadores en cuanto desplieguen una eficacia complementaria o interpretativa para la integración del objeto del proceso, con arreglo a las circunstancias existentes en el momento de la interposición de la demanda, siempre que no se contravenga la imposibilidad de alterar los hechos fundamentales.

En el exequatur de la resolución de apertura de un procedimiento concursal, no deberían adoptarse medidas cautelares directas contra terceros por el solo hecho de estar vinculados al deudor.

La sentencia, en la línea de las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas en este asunto, proporciona interesantes conclusiones en la interpretación de la relación entre el procedimiento de insolvencia universal y los territoriales.

Las diligencias de constancia en las que los letrados de la Administración de Justicia dan fe de la realización de un acto de comunicación por vía telefónica pueden ser válidas, pero será necesario que, en función de las concretas circunstancias de cada caso, se pueda entender que el acto de comunicación ha cumplido el fin que le es propio.

El Auto del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2026 reconoce que la suspensión cautelar producida por silencio positivo constituye un acto administrativo impugnable, colmando una laguna del artículo 117.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común en las relaciones triangulares. Sin embargo, el auto incurre en una contradicción al aplicar el plazo de dos meses del artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cuando el plazo que se asigna a los actos presuntos estimatorios es el de seis meses.

La interposición de la demanda produce el efecto de interrumpir la prescripción de la acción cuando ha sido ya comunicada a la parte demandada, de modo que ésta conocía la reclamación. En consecuencia, carecerá de tal eficacia en los casos de inadmisión o de desistimiento unilateral (anterior al emplazamiento del demandado).