La reducción del plazo de autorización debería servir para agilizar procesos | Capital & Corporate

El día inicial para el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción no es el de la sentencia firme que reconoce la filiación, sino aquel en que se abre la sucesión y puede ser conocido el contenido del testamento, y el mismo no se interrumpe ni se suspende por la tramitación del proceso de filiación.

No es incongruente la sentencia de segunda instancia que confirma la estimación de la acción principal, pero reduciendo su importe, y omite pronunciarse sobre la ejercitada con carácter subsidiario cuando los hechos en los que se fundan ambas acciones son los mismos

La exigencia de negociación individual y separada de las cláusulas de elección de foro que resulta del artículo 251 en relación con el 468 de la Ley de Navegación Marítima no es aplicable en el marco de la Unión Europea

No es exigible el requisito de la culpa, de forma que el solicitante asume el riesgo de tener que resarcir daños por el mero hecho de que las medidas se terminen revocando o alzando, pero sí es preciso que concurran los demás elementos típicos de las acciones de daños, el nexo causal y la prueba del daño efectivamente sufrido

Los tribunales del Estado de la residencia de quien pueda aceptar una herencia, un legado o la legítima o renunciar a ellos no son competentes para realizar actuaciones que excedan la mera recepción de una declaración, como, por ejemplo, dictar una resolución o iniciar un procedimiento distinto del procedimiento de sucesión.

Se exponen pronunciamientos recientes de las Audiencias que analizan el tema cuando el título en que se fundamenta la ejecución es un laudo arbitral

La aplicación del artículo 31.1 del RPI bis, que libera al tercero de buena de que pagó al deudor insolvente en lugar de al administrador concursal, no opera de manera automática, sino que depende de lo previsto en la ley rectora del concurso.

La Ley 1/2025 exige como requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil que se acuda previamente a algún medio adecuado de solución de controversias. Esta condición se exige también en los conflictos transfronterizos. La delimitación de qué se entiende por tales y la referencia a que, a falta de sumisión, la norma se aplica cuando al menos una de las partes tenga su domicilio en España y la actividad negociadora se realice en territorio español, conduce a consecuencias indeseables que deberán ser superadas por la jurisprudencia.

En la prenda de créditos dinerarios el acreedor pignoraticio no precisa acudir al proceso de ejecución judicial (ordinario o de garantías reales), porque la prenda incluye la facultad de compensación, que es la forma de ejecución de la garantía